Cantabria ha llevado al Comité Europeo de las Regiones (CdR) la problemática del control del lobo y ha instado a la aprobación de una resolución para que las regiones sean las que decidan sobre su gestión en base al principio de subsidiaridad, recogido en el tratado de la UE y, según el cual, un asunto debe ser resuelto por la administración pública más próxima.

«Es necesario que el CdR impulse una resolución en la línea del Parlamento, con la que se fije la posición de las regiones para promover la correcta aplicación del principio de subsidiariedad, dejando que sean las regiones españolas que albergan la mayor parte de los ejemplares de lobo en España –Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias-, las que decidan sobre qué medidas son las que permiten garantizar la adecuada conservación del lobo y su perfecta coexistencia con la ganadería extensiva», ha señalado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, durante su intervención en la sesión plenaria del CdR.

Dentro del debate sobre los grandes carnívoros en Europa impulsado por el Gobierno cántabro y que ha suscitado gran interés entre las regiones europeas de varios países (Luxemburgo, Austria, Eslovenia, Italia, Suecia, entre otros), ha defendido que se trata de un «problema de Europa» que afecta a más regiones de otros países comunitarios.

«Es importantísimo que el Comité de las Regiones impulse una resolución para defender el principio subsidiaridad porque es un problema que afecta a los entes locales y regionales y no a todo el territorio de un determinado país», ha expuesto la consejera cántabra, quien cree que esta declaración servirá para «presionar» al Ministerio de Transición Ecológica para que deje en manos de las autonomías la gestión de la especie.

Fernández Viaña ha explicado de forma detallada en el pleno del Comité Europeo de los daños sobre la ganadería extensiva que ha supuesto la decisión ministerial de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) en estos territorios.

«El cambio del estatus de protección del lobo en España no ha ido precedido de un estudio de la situación actual de la especie con base científica», ha lamentado la consejera, quien ha apuntado que su población ha crecido de manera «exponencial» en Cantabria, ocupando en la actualidad el 67 por ciento del territorio frente al 45 de hace 20 años, con 20 manadas frente a las 12 de hace diez años y con un incremento anual del número de ataques al ganado.

Por eso, la consejera de Acción Exterior ha instado a la aprobación de una resolución del CdR, en la línea de la aprobada anteriormente por el Parlamento Europeo y de la que se hizo eco también la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para que las regiones puedan «seguir desarrollando sus respectivos planes de gestión de manera autónoma y sin limitaciones para cumplir con la Directiva europea de Hábitats sobre la gestión de la conservación de las especies silvestres y proteger a la ganadería extensiva y, en consecuencia, la biodiversidad de los territorios».

Fernández Viaña ha recordado en la sesión plenaria europea que la propia presidenta de la Comisión reivindicó la aplicación del principio subsidiariedad, al afirmar que la Comisión Europea «no será obstáculo si los Estados miembros deciden permitir la gestión cinegética del lobo».

La consejera de Acción Exterior ha señalado que son las regiones europeas las que mejor conocen los datos y la necesidad de que se adopten determinadas medidas u otras. «Los gobiernos centrales a menudo no entienden que las ganaderías extensivas, más afectadas por los ataques del lobo, son también las que preservan otras tantas especies o hábitats y, también, un espacio rural y un tejido económico en riesgo de desaparición», ha concluido.

Fernández Viaña ha pedido el apoyo a todos los grupos y miembros del Comité de las Regiones para que la resolución que impulsa Cantabria salga adelante para hacer frente a la amenaza de los grandes carnívoros, al mantenimiento de la ganadería extensiva y de la población en las zonas rurales. El problema del lobo «no entiende de colores políticos, sino que es una cuestión territorial, porque las regiones contamos con los estudios, los censos y los planes de gestión de la especie», ha concluido.