LA UNIÓ Llauradora i Ramadera denuncia la falta de empatía y nula sensibilidad de los responsables de la Dirección General de Industria de la Generalitat en relación con algunas de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en zonas rurales, al no dar ninguna facilidad a las personas agricultoras y ganaderas de la Comunitat Valenciana para realizar ese trámite obligatorio a determinados vehículos agrícolas.

A esta organización han llegado ya varias quejas de personas que han preguntado en diversas estaciones de inspección técnica, tras recuperar la Generalitat Valenciana la gestión pública de las ITV, por las ITV móviles que se desplazaban a las zonas rurales y la respuesta es que no hay nada definido al respecto.

En este sentido, el pasado 1 de febrero una representación de LA UNIÓ se reunió con responsables de la Dirección General de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana para trasladarles la necesidad de que en las ITV móviles se realizaran algunas revisiones con objeto de que las personas que viven en las zonas rurales no tuvieran que llevar a cabo largos desplazamientos hasta las ITV fijas.  

Concretamente, LA UNIÓ planteaba la posibilidad de pasar en la ITV móviles las inspecciones técnicas de vehículos de aquellos tractores con velocidad superior a 40 km/h, así como las de las cubas para la aplicación de purines una vez adaptadas a los requisitos de la normativa. La intención de la organización agraria es evitar el traslado desde las zonas rurales de interior y circular durante muchas horas hasta llegar a las estaciones de ITV fijas, mayoritariamente situadas en la costa, puesto que independientemente de la velocidad que marca la ficha técnica, no pueden circular a más de 25 km/h.

La Generalitat argumenta su negativa en solucionar esta petición en el ahorro de costes “porque no se puede desplazar el funcionario capacitado para pasar ese tipo de inspección, ni trasladar las placas con los cilindros necesarios para ello, por lo que es un gasto que no compensa”. No se quiere por tanto desplazar el equipo móvil capacitado, ni siquiera favoreciendo el agrupamiento de los usuarios en dos o tres lugares como proponía LA UNIÓ. Simplemente, la Generalitat se remite a afrontar el sobrecoste a las personas agricultoras y ganaderas y en que la decisión última sobre la posibilidad de introducir esas mejoras en el servicio sea la de una empresa privada.

Fernando Durà, responsable de maquinaria de la comissió executiva de LA UNIÓ, afirma que “no existe voluntad porque no es tan elevado el coste de poner los medios que hacen falta para solucionar estos problemas, que no son tan graves como para que un servicio público no pueda atenderlos. Un reto de un servicio público como el de las actuales ITV sería dar un buen servicio con independencia de donde resides y más si hablamos de zonas desfavorecidas y en riesgo de despoblación”. Y añade Fernando Durà que “si no facilitan la ITV móvil para este tipo de maquinaria, lo mejor que pueden hacer es quitar también la obligación y así ahorramos todos, agricultores y administración”.

Durà reitera que “a la Generalitat se le llena la boca de hablar de las medidas que pone en marcha para evitar el despoblamiento y luego en casos como el de las ITV en las zonas rurales se demuestra todo lo contrario. Por una mera razón de coste y excepcionalidad del usuario no se atienden las peticiones, algo que resulta totalmente contradictorio”.