La propuesta de Ley de ampliación de hectáreas de regadío en Doñana está causando numerosas tensiones sociales, está colocando a Andalucía en el foco mediático y está poniendo en entredicho la gestión pública que se está realizando con este tema.

La Comisión de Fomento del Parlamento andaluz ha vetado contar con personas y entidades tan importantes como Miguel Delibes, la Estación Biológica de Doñana, la UNESCO, agricultores representativos de la zona. Los dictámenes científicos han sido claros en este sentido y rechazan la propuesta de manera unilateral.

Las elecciones municipales también han mostrado el rechazo social generado, pues, según argumenta la Fundación Savia, que ha remitido una carta al Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “en la comarca de Doñana, en los cinco municipios afectados por esta propuesta de ley, el 60% de los votos emitidos lo hicieron por opciones políticas que rechazan la propuesta de ley”, lo cual evidencia que los propios afectados han rechazado la propuesta con sus votos.

La entidad considera que la creación de unos pocos puestos de trabajo o aumentar los beneficios de unos pocos de manera temporal no son razones suficientes para poner en peligro a Doñana, sus habitantes y su economía.

Savia recuerda que todo este revuelo se ha generado en una situación de sequía muy grave y de cambio climático, lo cual cuestiona la ampliación de hectáreas de regadío en este contexto. Recuerdan al Presidente haber solicitado la declaración de emergencia climática, y reiteran su petición de nuevo ante las evidencias científicas que el gobierno andaluz sigue ignorando.

Francisco Casero, Presidente de la Fundación Savia, solicita que “retire la proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

La misiva finaliza afirmando que “Doñana es un patrimonio natural reconocido en todo el mundo, tenemos la obligación de protegerlo, conservarlo y si es posible mejorarlo para las generaciones futuras”. Añaden que no se pueden ampliar las hectáreas de regadío por el hecho de que no hay agua y afirman que “estamos a tiempo de frenar la tensión social generada” retirando dicha propuesta de ley.