El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, suscribió ayer, en los municipios leoneses de Carracedelo primero y en Puente Villarente después sendos convenios con las comunidades de regantes del Canal Bajo del Bierzo y Ribera Alta del Porma, respectivamente, con objeto de iniciar las correspondientes obras de modernización en sus regadíos.

En concreto, estas actuaciones que impulsa el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) –dependiente de la Consejería– se centran en la transformación del riego por gravedad en riego por presión, así como en la instalación de sistemas de gestión de la red de regadío por telecontrol, con el correspondiente sistema de comunicaciones y software.

Todo ello permitirá a los 9.688 regantes que se verán beneficiados en total (6.884 en el Bajo Bierzo y 2.804 en el Alto Porma) ahorrar no solo en consumo de agua, sino también en energía –en el caso del Canal Bajo del Bierzo es por presión natural, es decir, sin necesidad de consumo energético–, lo que disminuirá los costes de producción de sus explotaciones. Un beneficio que se verá reflejado, también, en la industria agroalimentaria de la Comunidad.

Además, según explicó Dueñas citando a técnicos del Itacyl, la densidad de población en áreas regables es tres veces mayor que en las zonas de secano y, en el caso de la incorporación de jóvenes a la agricultura, esta cifra se multiplica por seis.

Por todo ello, la modernización de regadíos es uno de los compromisos de legislatura de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de modo que con las actuaciones impulsadas hoy en las 8.619 hectáreas que abarcan ambas zonas de regadío (4.026 en el Bierzo y 4.603 en la Ribera Alta del Porma), se avanza de forma significativa hacia la meta marcada para el mandato de llegar a las 30.000 hectáreas de regadíos modernizados.

Estas actuaciones cuentan con una inversión de la Junta de más de 37 millones de euros (16,07 millones en Bajo Bierzo y 20,96 millones en Ribera Alta del Porma), a las que se hay que añadir otros 14 millones de euros vinculados al desarrollo de otras infraestructuras rurales (como caminos o desagües), que también serán sufragadas íntegramente por la Administración autonómica. A este montante hay que añadir la financiación procedente de la Administración General del Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) con cargo a los fondos europeos extraordinarios del  Plan de Recuperación Transformación y Resilencia (PRTR) y las aportaciones de las propias comunidades de regantes.

Apoyo al sector

Por otro lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, no quiso olvidar las movilizaciones que los profesionales del campo están protagonizando en los últimos días y, aunque dijo no poder apoyar actuaciones fuera de la legalidad, sí mostró su apoyo al sector en muchas de sus reivindicaciones, algunas de ellas muy ligadas a las limitaciones que se imponen para producir particularmente en los regadíos, con la obligación retroactiva del maíz, y también la obligación de destinar al menos un 4 % a superficies improductivas.

Prueba de ello es el acuerdo firmado con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de Castilla y León, con propuestas de modificación de la Política Agraria Común (PAC). Un texto que, como lamentó el consejero, “el ministro mantiene guardado en un cajón”.

Dueñas urgió a Luis Planas a atender las peticiones del campo castellano y leonés y a elevar dichas propuestas de medidas a la Comisión Europea para que los “burócratas de Bruselas dejen de perjudicar a quienes trabajan para darnos de comer a todos”.

Finalmente, el consejero también exigió al Gobierno central incrementar y mejorar la regulación de la Cuenca del Duero, ya que la superficie de regadío de Castilla y León es 10 puntos porcentuales inferior a la media nacional, lo que la coloca en una posición de desventaja competitiva.