El reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que el acuerdo comercial agrícola entre la UE y Marruecos, modificado en 2019, vulnera el derecho internacional al no contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Este acuerdo, que amplió las preferencias arancelarias a productos originarios de dicho territorio, ha sido declarado ilegal. Sin embargo, la sentencia permite que el acuerdo se mantenga durante 12 meses más, lo que ha generado críticas entre los agricultores europeos.

COAG reclama que la aplicación de la sentencia sea inmediata, sin periodos de gracia, argumentando que los productores europeos no han contado con ese tiempo de adaptación frente a la competencia desleal de las importaciones. La organización considera que mantener un acuerdo declarado ilegal solo favorece a las grandes transnacionales a costa de la rentabilidad de los agricultores europeos y del respeto a los derechos del pueblo saharaui.

La organización agraria también exige que el gobierno español defienda los intereses de los productores nacionales. Según COAG, Marruecos emplea prácticas de presión en las negociaciones comerciales, utilizando temas como la inmigración, el terrorismo y el narcotráfico para obtener ventajas en acuerdos que perjudican a los agricultores europeos.

Uno de los efectos más evidentes del acuerdo de libre comercio es la expansión de la producción hortícola en el Sáhara Occidental. Según un informe de investigación presentado por la ONG Mundubat y COAG, el «Plan Generation Green» de Marruecos tiene como objetivo alcanzar 5.000 hectáreas de cultivos hortícolas en este territorio para 2030. En Dakhla, cinco grandes grupos empresariales, algunos ligados al rey Mohamed VI, ya están explotando tierras fértiles del Sáhara Occidental, compitiendo directamente con los agricultores del sudeste español.

En contraste, regiones como Almería han perdido 2.200 hectáreas de cultivo de tomate en cinco años debido al incremento de las importaciones marroquíes, que han crecido un 170%. Además, el informe detalla irregularidades como la discriminación laboral hacia la población saharaui, la usurpación de recursos naturales y el fraude a los consumidores europeos mediante etiquetados que no reflejan el verdadero origen de los productos.

Fraude en el etiquetado y derechos del consumidor

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE también pone en evidencia el incumplimiento de la legislación europea en el etiquetado de frutas y hortalizas frescas. Muchos productos etiquetados como originarios de Marruecos proceden en realidad del Sáhara Occidental, lo que vulnera el derecho de los consumidores europeos a conocer el origen real de los alimentos que adquieren.

COAG denuncia que esta práctica constituye un fraude y exige a la Unión Europea medidas inmediatas para garantizar un etiquetado transparente y reforzar los controles en frontera. Además, reclama la anulación definitiva del acuerdo UE-Marruecos y una mayor protección para los productores europeos, así como para los derechos de los ciudadanos del Sáhara Occidental.