El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, actualmente en sus etapas finales de negociación, ha generado preocupación por su impacto en la sostenibilidad y el sector agroalimentario. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Amigos de la Tierra han solicitado al Gobierno que no respalde el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Las tres organizaciones advierten que este pacto compromete los intereses de agricultores, ganaderos y consumidores, además de contradecir los objetivos de sostenibilidad de la UE.
El acuerdo, es criticado por no alinear las importaciones con los estándares europeos en seguridad alimentaria, bienestar animal y medio ambiente. Las organizaciones subrayan la incoherencia entre las políticas comerciales de la UE y sus compromisos de sostenibilidad, recordando que el pacto podría entrar en vigor justo después de la suspensión de las importaciones de carne de vacuno brasileña por contener hormonas prohibidas en la UE desde hace décadas.
Según CECU, los consumidores europeos esperan que todos los productos comercializados cumplan con las estrictas normas de la UE. Sin embargo, el acuerdo Mercosur permitiría la entrada de productos que no cumplen con estas regulaciones, obstaculizando la transición hacia una economía más sostenible y dietas saludables.
Desde COAG, se denuncia que los pequeños agricultores y ganaderos son una vez más sacrificados en favor de los intereses de grandes empresas. Este tipo de acuerdos, añade, destruyen el tejido productivo local y favorecen modelos agroindustriales intensivos que no benefician al medio rural.
Amigos de la Tierra, advierte que la aprobación del acuerdo llega en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad. En contraposición Mercosur fomentará la deforestación, el uso de pesticidas y un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, representando un retroceso en los compromisos ambientales de la UE.
Las tres organizaciones piden una revisión profunda de las políticas comerciales para garantizar que estas respalden la sostenibilidad, el medio rural y los derechos de los consumidores, en lugar de perpetuar modelos económicos insostenibles.
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