El pasado jueves 6 de marzo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un comunicado en el que anunciaba la investigación abierta contra varios distribuidores de maquinaria agrícola por supuestas prácticas anticompetitivas. Ante estas acciones ASAJA Castilla y León ha aclarado que esta investigación parte originalmente de una denuncia presentada por la propia organización agraria.

Según se recuerda, la denuncia original presentada ante el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León en mayo de 2022 se centraba en la imposición, por parte de empresas fabricantes de maquinaria agrícola e importadores españoles, de cláusulas que obligaban a los concesionarios o distribuidores a limitar sus ventas exclusivamente a la zona asignada en sus contratos de distribución.

La organización considera que esta práctica afecta gravemente a la competencia y continúa plenamente vigente, ya que ninguna medida correctora se ha adoptado desde entonces.

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, al comprobar que la práctica denunciada tenía alcance nacional debido a que todas las marcas operan en todo el territorio español, trasladó el expediente a la CNMC, organismo competente a nivel estatal, para que investigara estas conductas en todo el país.

Investigación actual y posicionamiento de ASAJA

ASAJA respeta plenamente la investigación iniciada por la CNMC, así como la presunción de inocencia de las empresas investigadas (Agroferba, S. L., Talleres Villalvilla, S. L. y Ecotractor del Sur, S. L.), pero manifiesta su desacuerdo con la limitación del proceso a tres distribuidores locales concretos. La organización agraria cree que reducir la investigación a estos concesionarios locales es buscar un “cabeza de turco” y generar ruido mediático, pero no resuelve el problema real, que es generalizado en todo el sector de maquinaria agrícola.

Asimismo, se informa que ha intentado personarse en la causa para aportar información adicional, pero la CNMC le ha denegado esta posibilidad argumentando la falta de interés legítimo.