La posible implantación de una nueva ley sobre reducción de jornada laboral, registro horario y desconexión digital genera preocupación en el sector agrario, ante la posibilidad de que se ignore su realidad específica. ASAJA ha advertido que imponer desde ámbitos urbanos este tipo de normativa, sin contemplar las particularidades del campo, supondría un grave perjuicio para agricultores y ganaderos, ya sobrecargados por costes, exigencias burocráticas y condiciones medioambientales crecientes.

A la espera de conocer el texto definitivo del proyecto de ley, ASAJA insiste en que cualquier medida debe ser adaptada a las condiciones estructurales, económicas y laborales del medio rural, muy distintas de las del entorno urbano. La organización profesional agraria ha solicitado al Gobierno un estudio riguroso que evalúe la viabilidad de aplicar la norma en el sector primario, dada la singularidad de su actividad.

Desde ASAJA se subraya que la actividad agraria está sujeta a los ritmos naturales: el clima, las estaciones y el ciclo biológico de plantas y animales. Esta dinámica dificulta la aplicación de horarios fijos y estructuras laborales estandarizadas. Por ello, la organización considera que la negociación colectiva es el instrumento más adecuado para definir condiciones laborales flexibles y ajustadas a la realidad del campo.

Uno de los puntos más conflictivos es la obligatoriedad del registro horario, difícil de aplicar en muchas explotaciones rurales que carecen de cobertura o conectividad adecuada. ASAJA también rechaza la imposición del derecho a la desconexión digital, por considerar que responde a una visión urbana incompatible con la naturaleza de la producción agraria, donde el cuidado de cultivos y animales requiere disponibilidad continua.

La organización advierte de que la norma no solo tendría implicaciones laborales, sino también económicas. El aumento de los costes de producción acabaría repercutiendo en los precios al consumidor. Además, considera que podría amenazar la viabilidad de muchas pequeñas y medianas explotaciones, ya al límite por la crisis de precios, la falta de relevo generacional y las exigencias derivadas de la política agrícola común.

ASAJA recuerda que algunas de sus propuestas fueron incorporadas en el dictamen del Consejo Económico y Social, y confía en que también se reflejen en el texto final del proyecto de ley. En caso contrario, considera que se estaría legislando de espaldas al mundo rural, con el consiguiente aumento de la inseguridad jurídica y el riesgo de agravar la brecha entre el campo y la ciudad.