El sindicato agroganadero UAGA ha presentado esta semana alegaciones contra tres proyectos de plantas solares fotovoltaicas —Vitoria Solar, Vitoria y Ubalza II— por su impacto sobre suelos agrícolas de alto valor estratégico en la provincia de Araba. La organización denuncia que estos proyectos, en tramitación simultánea, son un ejemplo del modelo desordenado e insostenible con el que se están desplegando las energías renovables en el territorio.

Las plantas proyectadas afectan a suelos clasificados como de Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural de Transición, figuras contempladas tanto en la Ley de Política Agraria y Alimentaria como en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, que los protegen expresamente y les otorgan la condición de bienes de interés social. UAGA considera que la ubicación de estas plantas vulnera esta normativa sectorial.

Además, el sindicato advierte que los tres proyectos se están tramitando al margen del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, aprobado provisionalmente el pasado 20 de diciembre de 2024. Según dicho plan, estas instalaciones, al superar las 10 hectáreas de superficie, se consideran de Gran Escala y estarían prohibidas sobre los suelos agrícolas donde se pretenden implantar.

El impacto territorial es considerable. La superficie afectada en los municipios de Barrundia y Agurain/Salvatierra asciende a 130 hectáreas, distribuidas entre Vitoria Solar (14 ha), Vitoria (8,66 ha), Ubalza (47 ha) y Ubalza II (60 ha). A ello se suma la ocupación derivada de las líneas de evacuación, que afectarán a otros municipios como Arratzua-Ubarrundia, Elburgo, Vitoria-Gasteiz e Iruraiz-Gauna.

UAGA alerta de un proceso descontrolado de implantación de renovables. En un radio de apenas 15 kilómetros ya existen 10 plantas fotovoltaicas en funcionamiento o tramitación, lo que genera importantes efectos acumulativos en el medio ambiente, el paisaje y el modelo territorial. Esta situación, advierte la organización, convierte en papel mojado las prescripciones del plan destinado a regular el despliegue renovable.

El sindicato insiste en que el actual marco normativo, caracterizado por la provisionalidad e inseguridad jurídica, está facilitando presiones especulativas sobre terrenos agrícolas. Ante esta situación, UAGA afirma que continuará utilizando todos los medios a su alcance para frenar lo que considera un modelo territorial incompatible con la protección de la actividad agraria.