La próxima negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, prevista para julio, contará con la presión conjunta de 20 Estados miembros que reclaman una Política Agraria Común (PAC) autónoma, independiente y dotada de personalidad jurídica e institucional propia. Así lo han manifestado en una carta enviada a la Comisión Europea, firmada por los ministros de Agricultura de Austria, Bulgaria, Croacia, Chipe, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y España,
El escrito, dirigido al comisario de Presupuesto, Piotr Serafin, y con copia al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, subraya la necesidad de mantener el modelo de PAC basado en dos pilares: ayudas directas y desarrollo rural. Los ministros firmantes consideran que esta estructura sigue siendo válida para abordar los múltiples retos políticos, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario europeo.
Reivindicación de un papel estratégico para la PAC
Según esta declaración conjunta, la PAC debe seguir desempeñando un papel clave en la seguridad alimentaria, la estabilidad del medio rural, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental de la UE. También destacan su importancia para garantizar un nivel de vida digno a agricultores y ganaderos.
En un contexto geopolítico complejo, marcado por la volatilidad de los mercados y el impacto del cambio climático, los ministros consideran que una PAC “creíble” debe disponer de un presupuesto suficiente y estable, separado del resto de políticas comunitarias. Reclaman que los agricultores y ganaderos sean actores centrales tanto en el diseño como en la implementación de esta política.
Necesidad de dotación económica y previsibilidad
El documento recuerda que la Visión para la agricultura y la alimentación de la Comisión Europea ya reconoce el carácter estratégico de la PAC en cuestiones como la acción climática, la autosuficiencia alimentaria o el impulso tecnológico. En consecuencia, se insiste en que es imprescindible contar con una financiación adecuada y previsible.
Los ministros defienden que las ayudas directas son esenciales para sostener la renta agraria, especialmente en momentos de crisis como los actuales. Asimismo, consideran que los fondos destinados al desarrollo rural son clave para fijar población en el medio rural, impulsar la modernización de las explotaciones, reforzar infraestructuras y preservar el medio ambiente.







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