La Unión Extremadura ha solicitado una reunión urgente con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para abordar lo que considera una situación de clara discriminación en las ayudas públicas destinadas a los agricultores de la región frente a las concedidas en otras comunidades autónomas.

La organización agraria critica que el reciente Decreto 35/2025 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta contempla préstamos subvencionados para productores de viña y olivar de secano con una ayuda de solo 6 €/ha. Esta cifra se deriva de la aplicación de una subsidiación del 1,5 % sobre un préstamo a 4 años por un máximo de 400 €/ha, con un presupuesto total de 1,175 M€ para 2026.

Desde La Unión se admite el esfuerzo de la Junta por apoyar al sector, pero advierten que los agricultores extremeños están siendo gravemente perjudicados frente a sus homólogos de otras regiones. Como ejemplo, citan las ayudas directas otorgadas por la Generalitat de Cataluña durante las dos últimas campañas a los productores de viñedo, que en 2024 alcanzaron los 450 €/ha, con un presupuesto de 18,34 M€ para una superficie de viñedo que apenas llega a la mitad de la existente en Extremadura.

Actualmente, Cataluña cuenta con 40.754 ha de viñedo, mientras que Extremadura supera las 80.000 ha. La organización agraria denuncia que esta diferencia en el trato impide competir en igualdad de condiciones, tanto con países de fuera de la UE como con agricultores del propio territorio nacional.

La Unión Extremadura considera inaceptable que se utilice como excusa el reparto desigual de fondos estatales entre comunidades. Reclaman que la Junta actúe con responsabilidad política y trabaje activamente por garantizar que los productores extremeños tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos del país, tal como establece la Constitución.

En su comunicado, la organización insiste en que “hacer política no es solo criticar a las formaciones contrarias, sino buscar lo mejor para tus representados”. Por ello, exigen una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo regional ante una situación que califican de discriminación económica dentro del propio Estado.