Agricultores y ganaderos de Córdoba salieron ayer a la calle bajo el lema “Por la supervivencia del campo”, en una manifestación convocada por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias. La protesta ha puesto de relieve la crítica situación que atraviesa el sector primario, marcada por la falta de infraestructuras hidráulicas, los elevados costes de producción, la escasez de mano de obra y una reforma de la PAC que, según denuncian, penaliza precisamente a las explotaciones más productivas.

Durante la jornada, las organizaciones convocantes han subrayado la amenaza que supone la futura reforma de la PAC y el nuevo presupuesto europeo 2028-2032, cuya propuesta será presentada el próximo 18 de julio en Bruselas. Temen que se diluya la especificidad de la política agraria en un fondo único europeo, lo que implicaría una renacionalización encubierta, pérdida de cohesión territorial y desigualdades entre Estados miembro.

Entre las principales demandas, reclaman una PAC fuerte y bien financiada, con una línea presupuestaria clara y ajustada a la inflación, así como un compromiso explícito del Gobierno español en la defensa del actual modelo agrario europeo. También piden que los objetivos medioambientales del Pacto Verde se adapten a la realidad económica del sector, con diálogo técnico y compensación suficiente por los bienes públicos generados.

Otra de las grandes preocupaciones es el desequilibrio en la cadena alimentaria. Denuncian precios ruinosos en productos como el cereal y el aceite de oliva, y reclaman mecanismos efectivos para garantizar precios mínimos, prohibiendo la entrada de importaciones que no cumplen las mismas exigencias que los productos europeos.

En cuanto al agua, los manifestantes han exigido un cambio radical en la política hidráulica. Critican el déficit de inversiones en infraestructuras en la provincia, a pesar de que Córdoba almacena casi el 50 % del agua de la cuenca del Guadalquivir y es la que menos superficie regable tiene. Reivindican un reparto más equitativo de los recursos y la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional que aproveche todas las fuentes disponibles, como trasvases, aguas regeneradas o desaladas.

Las organizaciones también han reclamado la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales de la UE, para garantizar que los productos importados se produzcan bajo las mismas condiciones sociales y ambientales que se exigen en Europa. A ello suman la necesidad urgente de una reforma laboral adaptada a la estacionalidad del empleo agrario y medidas para reducir las cargas sociales de los empresarios del campo.

Por último, han pedido una simplificación real de la PAC, rechazando el exceso de burocracia que impone obligaciones como el cuaderno de explotación digital obligatorio a partir de 2026. Denuncian que estas medidas ahogan al sector, especialmente en zonas rurales sin conectividad adecuada, y exigen más tiempo, recursos y formación para garantizar una transición justa.