Un error en la Orden del 30 de junio de 2025 de la Consejería de Agricultura de Castilla y León ha dejado fuera a los agricultores de Llamas de la Ribera (León) de las ayudas destinadas a la modernización de regadíos, según ha informado ASAJA León. La convocatoria, enmarcada en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, regula las subvenciones para la mejora de las estructuras de producción agraria, pero en el anexo que detalla las comunidades de regantes beneficiarias no se incluyen las de este municipio leonés.
La exclusión impide que los agricultores puedan acceder a unas ayudas clave para completar la modernización de sus explotaciones. Según denuncian, se trata de un “despiste administrativo” que tiene consecuencias graves, ya que las competencias de modernización de regadíos y de explotaciones recaen en la misma Dirección General.
Una modernización en marcha sin apoyo económico
En Llamas de la Ribera se entregaron hace años las fincas de reemplazo de la concentración parcelaria, y desde entonces los agricultores riegan en precario. Actualmente se ejecuta una modernización del regadío financiada con fondos de la Junta, de la Unión Europea y de las propias comunidades de regantes, recuerdan desde ASAJA León.
Los productores pretendían solicitar financiación para el llamado “amueblamiento de las parcelas”, que consiste en instalar sistemas de riego a la demanda por aspersión con tubería enterrada o riego por goteo, especialmente en las explotaciones de lúpulo. Estas inversiones, que oscilan entre 6.000 y 8.000 € por hectárea, podrían beneficiarse de una ayuda a fondo perdido de entre el 45 % y el 60 %, según los casos.
Un plazo que expira el 31 de octubre
El plazo para solicitar las ayudas finaliza el próximo 31 de octubre, lo que deja a los agricultores sin margen para presentar sus solicitudes. En el mejor de los casos, deberán esperar a una nueva convocatoria, prevista dentro de un año, salvo que la Junta corrija el error en los próximos días.
El retraso no solo impide acceder a la financiación inmediata, sino que también retrasa todo el proceso de ejecución, ya que entre la solicitud y el cobro de las ayudas suelen transcurrir al menos tres años. Los agricultores piden una rectificación urgente para poder concurrir en igualdad de condiciones y evitar un perjuicio que, aseguran, no es atribuible a ellos sino a un fallo administrativo.
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