La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y la de Presidencia, Isabel Urrutia, en representación del Gobierno de Cantabria, han estado presentes en la movilización y tractorada celebrada en Santander el viernes pasado en apoyo del sector primario, para reiterar el respaldo «total y absoluto» del Ejecutivo autonómico a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

La movilización fue convocada por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con cooperativas ganaderas y entidades representativas del sector. La titular de Desarrollo Rural ha señalado que el sector primario atraviesa un momento «especialmente complejo, con una acumulación de problemas que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y el futuro del medio rural», y ha subrayado que «el Gobierno de Cantabria comparte totalmente las preocupaciones expresadas hoy por ganaderos y agricultores».
Entre las principales reivindicaciones expuestas durante la jornada se encuentra la necesidad de revisar el estatus sanitario de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que está generando graves perjuicios en las explotaciones ganaderas debido a la aplicación de medidas que conllevan vacíos sanitarios generalizados.
Asimismo, el sector ha reclamado soluciones eficaces ante el incremento de los daños provocados por el lobo, una situación que compromete seriamente la continuidad de la ganadería extensiva y que, tal y como ha recordado Susinos, «apoyamos sin fisuras, pues somos la primera comunidad en haber realizado extracciones a pesar de todas las dificultades, denuncias y recursos». «Nosotros vamos a seguir actuando como se debe hacer», ha insistido.
El Gobierno defiende también la necesidad de proteger el modelo ganadero tradicional, clave para el equilibrio económico, social y ambiental de Cantabria, y han mostrado su rechazo al acuerdo Mercosur, al considerar que sitúa en desventaja a los productores locales frente a importaciones procedentes de países con estándares de producción más bajos.
A ello se suma la preocupación por la reducción prevista del 22 % en las ayudas de la Política Agraria Común, que podría acelerar la desaparición de explotaciones y familias ganaderas y repercutir en el precio de los alimentos, perdida de 72 millones para Cantabria, o la reducción del 67 % para los pescadores, presentes también hoy en la movilización.





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