El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de que la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2028-2034 puede aumentar la incertidumbre sobre la financiación disponible, retrasar la llegada de los fondos y generar diferencias de aplicación entre Estados miembros si no se clarifican mejor las reglas del nuevo modelo. El dictamen, emitido este lunes 9 de febrero, analiza los proyectos legislativos de la Comisión Europea sobre la futura PAC y la Organización Común de Mercados (OCM) y pone el foco en la rendición de cuentas y en que no se pierda la trazabilidad del dinero de la UE hasta el beneficiario final, como los agricultores.
La base del cambio es presupuestaria y de arquitectura. La Comisión propuso para el marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034 un techo total de 2 billones de euros, con un nuevo “fondo único” que integraría varias políticas bajo planes nacionales. En ese esquema, la PAC se financiaría a través de ese fondo y, por primera vez desde su creación en 1962, no existiría un fondo específico para agricultura, además de desaparecer el esquema tradicional de dos pilares (pagos directos/medidas de mercado, por un lado, y desarrollo rural, por otro).
Incertidumbre, complejidad y riesgo de disparidades
Los auditores señalan que los mecanismos de planificación y adopción, junto con una arquitectura jurídica más compleja, pueden reducir la previsibilidad para los beneficiarios y provocar retrasos en los pagos, justo lo contrario del objetivo de simplificación. También advierten de que el volumen final de financiación de la PAC solo quedaría claro cuando se adopten los planes nacionales, lo que dificultaría la planificación de agricultores y sectores al no conocer con antelación el “sobre” que podría corresponderles.
Otro punto sensible es cómo se articularán las intervenciones: parte del gasto podría ligarse a “productos” y parte a hitos y objetivos, y el Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que la falta de claridad puede abrir la puerta a disparidades entre países. En ese contexto, insiste en que la trazabilidad desde las cuentas de la UE hasta el beneficiario final debe mantenerse también cuando los pagos no estén vinculados a costes, para permitir el control y la auditoría.
En paralelo, el dictamen apunta que la flexibilidad que ganen los Estados miembros al diseñar sus planes no debería comprometer los objetivos comunes de la PAC (renta agraria, medio ambiente y clima, y seguridad alimentaria), para evitar distorsiones de competencia y efectos negativos en el mercado interior. La advertencia se completa con una llamada a que la Comisión desempeñe una función directiva reforzada en la supervisión de los planes nacionales.
En cuanto a cifras incluidas en la propuesta comunitaria, la Comisión plantea un mínimo de 293.700M€ “blindados” para apoyo a la renta agraria dentro del nuevo fondo, mientras que otras líneas vinculadas a la PAC (como determinadas medidas de desarrollo rural o programas específicos) se financiarían con importes no específicos del mismo esquema.
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