El registro de 17.000 firmas no frena los planes de Bruselas para activar Mercosur

La plataforma ciudadana SOS Rural ha registrado cerca de 17.000 firmas (con un recuento exacto de 16.964 apoyos) ante la Comisión Europea (CE) para exigir que se paralice la aplicación del Acuerdo Comercial UE-Mercosur «por la puerta de atrás». Sin embargo, la respuesta de Bruselas no ha dejado margen a dudas: mediante una carta oficial, la institución ha confirmado que seguirá adelante con la aplicación provisional del tratado comercial.

«Un escándalo democrático»

Para SOS Rural, el proceder de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen constituye un «escándalo democrático sin precedentes». La organización agraria denuncia que Bruselas pretende activar el acuerdo por una vía rápida, utilizando el artículo 218(5) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según Natalia Corbalán, portavoz nacional de la plataforma, el objetivo de esta maniobra es eludir deliberadamente el voto del Parlamento Europeo y no esperar al dictamen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios. La organización califica esta actuación como una alteración sustancial del equilibrio institucional y un menoscabo de los principios democráticos de la Unión. Además, SOS Rural señala directamente al Gobierno de España de estar liderando la presión para que esta aplicación sea inmediata.

En el centro de la polémica también se encuentra un paquete de compensación de 45.000 millones de euros que, según las informaciones manejadas por la plataforma, se planeaba anunciar para los agricultores europeos. SOS Rural ha rechazado frontalmente esta medida, tildándola de «soborno en toda regla» diseñado para comprar el silencio de los Estados miembros mientras se despoja al Parlamento Europeo de su poder de decisión. «El sector agrario europeo no reclama ayudas coyunturales, sino condiciones de competencia leales que aseguren su sostenibilidad», ha subrayado Corbalán, advirtiendo que los agricultores no quieren «limosnas».

El principal temor del sector primario es la profunda asimetría entre las exigencias normativas impuestas a los productores europeos y las que se aplican en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Estas diferencias abarcan áreas críticas como la seguridad alimentaria, el uso de sustancias prohibidas en la UE, el control en origen y frontera, y los requisitos medioambientales. Por ello, SOS Rural exige la apertura de un proceso de revisión profunda que incluya garantías plenas de reciprocidad y «cláusulas espejo» reales.

La defensa de la Comisión

Frente a la movilización del campo, la Comisión Europea ha remitido una misiva a Natalia Corbalán justificando sus acciones. Bruselas reconoce que la decisión del Parlamento de solicitar un dictamen al TJUE suspende formalmente el procedimiento para obtener el consentimiento necesario para celebrar el acuerdo. Sin embargo, la CE argumenta que el Consejo de la Unión Europea ha emitido una Decisión sobre la aplicación provisional que es «jurídicamente vinculante». Dicha decisión obliga a aplicar interinamente el tratado tan pronto como un país del Mercosur notifique su ratificación.

Dado que Argentina finalizó dicho proceso el 26 de febrero de 2026, y previendo que el resto de los países lo hagan durante el mes de marzo, la Comisión ha anunciado que notificará la decisión para que la Unión Europea pueda empezar a «cosechar los beneficios del Acuerdo sin demora». Según el Ejecutivo comunitario, esta medida respeta las prerrogativas institucionales y es imperativa porque los productores y exportadores europeos necesitan acceder urgentemente a nuevos mercados.

Para intentar calmar los ánimos en el sector agrícola, la Comisión asegura que el apoyo a la agricultura europea sigue siendo una «prioridad absoluta». El texto remitido a SOS Rural detalla que el acuerdo incorpora contingentes arancelarios, que se introducirán gradualmente, para proteger a sectores especialmente sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar. A esto se suma un reglamento especial de salvaguardia agrícola que proporciona mecanismos legales para frenar aumentos repentinos en las importaciones y evitar daños a los productores locales.

Por último, frente a las denuncias de competencia desleal, Bruselas defiende que su compromiso con los elevados requisitos sanitarios y fitosanitarios es «inquebrantable» y promete un refuerzo en los controles de importaciones para garantizar la seguridad de los consumidores. Asimismo, la Comisión recuerda que el acuerdo vincula a todas las partes a cumplir con sus obligaciones climáticas en el marco del Acuerdo de París.