El sector primario español actúa como un pilar fundamental en la mitigación del cambio climático, una realidad técnica que acaba de ser cuantificada en el informe ‘La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas’ elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). El documento detalla cómo la agricultura mediterránea aplica desde hace décadas prácticas agronómicas que secuestran dióxido de carbono en el suelo, pero sin haber recibido una compensación económica por ello.
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 2024/3012, Bruselas intenta ahora regular e incentivar lo que la agricultura nacional ya realiza tradicionalmente. Según recoge el análisis de COAG, técnicas arraigadas como el pastoreo extensivo en dehesa, el mantenimiento de cubiertas vegetales, la incorporación de restos de poda o las rotaciones de cereal y leguminosa han incrementado el carbono orgánico de los suelos de manera continua sin haber sido remuneradas.
Las cifras que demuestran el potencial agronómico
Más allá de las disputas normativas y los riegos financieros que afronta el sector, el impacto biofísico de la agricultura está avalado por los datos estructurales que recoge el informe. El documento recuerda que la Unión Europea ha fijado como objetivo que los suelos del continente alcancen los 310 millones de toneladas (MtCO₂) de absorciones en 2030, una meta inalcanzable sin la intervención agrícola.
A nivel global, el informe cita estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que señalan que los suelos agrícolas almacenan entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono orgánico, superando el carbono contenido en la atmósfera. En este contexto, España cuenta con una base de partida sólida: 2 millones de hectáreas operan ya bajo preceptos de agricultura de conservación, capturando carbono sin estar certificadas. A esto se suma el alto potencial teórico de secuestro incremental de los ecosistemas agrarios mediterráneos, cuyos suelos, históricamente degradados, responden positivamente a las buenas prácticas de manejo.
Viñedos y frutales como sumideros de altas capacidades
La evidencia científica documentada en el texto respalda específicamente la capacidad de los cultivos leñosos. Investigaciones del Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) y la Universidad de Córdoba confirman que la implantación de cubiertas vegetales en las calles de viñedos y olivares logra incrementos de carbono orgánico de entre 0,1 y 0,5 toneladas por hectárea y año en los primeros 30 centímetros de profundidad.
Proyectando estos datos sobre un territorio concreto como La Rioja, que dispone de más de 47.000 hectáreas de viñedo y 12.500 hectáreas de frutales, el impacto es masivo. Aplicadas a estas 59.500 hectáreas totales, las prácticas de retención suponen fijar entre 22.000 y 109.000 toneladas de CO₂ equivalente al año (el equivalente a retirar de la carretera entre 4.800 y 23.700 coches anualmente).
A pesar de este volumen, se trata de «una cifra que hoy permanece invisible por la ausencia de un sistema de certificación adaptado, accesible y justo para sus agricultores», según destaca Manuel Linares, responsable de la oficina de COAG en Bruselas y coautor del informe.
Biochar y adaptación al clima
Además de las cubiertas vegetales, el análisis explora métodos de captura de alta durabilidad frente a la reversibilidad del carbono edáfico. Destacan los proyectos piloto centrados en la producción de biochar (biocarbón) a partir de la pirólisis de sarmientos y restos de poda de viñedo. Este material carbonoso constituye una forma de carbono altamente estable una vez aplicado al suelo, con tiempos de residencia que oscilan entre cientos y miles de años.
Paralelamente, el informe subraya que la agricultura de carbono funciona como una potente herramienta de adaptación climática. Las prácticas que incrementan la materia orgánica mejoran la capacidad de retención de agua del suelo y la resiliencia del cultivo frente al estrés hídrico en regiones expuestas al aumento de temperaturas. Por todo ello, COAG exige que las futuras metodologías europeas de certificación no se limiten a modelos pensados para los grandes cereales del norte de Europa, sino que integren y reconozcan expresamente las prácticas de los viñedos y frutales mediterráneos.
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