La organización agraria Unión de Uniones se ha dirigido por escrito al secretario de Estado de Medio Ambiente para denunciar que el nuevo Proyecto de Real Decreto sobre protección de la atmósfera impone exigencias inasumibles para el sector. Según la entidad, los umbrales propuestos para las explotaciones ganaderas y las actividades agrícolas son desproporcionados y no se ajustan a la realidad productiva de las granjas españolas.
El colectivo critica especialmente el endurecimiento del régimen para los sectores vacuno y porcino. Al utilizar las unidades de ganado mayor como referencia, el texto desplaza a explotaciones de dimensión media hacia categorías con mayores restricciones burocráticas. La organización advierte de que se están asimilando a instalaciones industriales granjas familiares que apenas generan empleo para una sola persona.
En el ámbito agrícola, la situación es similar respecto a las actividades de fertilización. Unión de Uniones explica que estas prácticas son de carácter difuso y no están asociadas a focos puntuales, lo que hace que su cuantificación individualizada sea técnicamente muy compleja. Consideran que la normativa ignora la diversidad de sistemas productivos y las condiciones reales de aplicación en el campo.
La carga administrativa es otro de los puntos de fricción. El sector denuncia que los agricultores y ganaderos no disponen de la formación ni de los recursos técnicos necesarios para justificar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones. Para la entidad, el Real Decreto representa un obstáculo burocrático que muchas explotaciones no podrán superar debido a la falta de medios económicos y humanos.
Unión de Uniones lamenta que el sector no haya sido consultado de manera efectiva durante la elaboración de la norma. Critican que los procesos de consulta pública resultan insuficientes cuando no existe una predisposición real por parte de la Administración para entender la situación del campo. La organización sostiene que la normativa se ha diseñado de espaldas a los productores.
Desde la organización subrayan su apoyo a las iniciativas que busquen reducir emisiones y mejorar el medio ambiente, pero rechazan frontalmente obligaciones que consideran exageradas. Reiteran que el endurecimiento del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera es injustificado y supone un castigo adicional para un sector ya presionado.
La entidad concluye que la propuesta actual solo servirá para asfixiar económicamente a las granjas medianas sin aportar soluciones técnicas viables. Por ello, instan al Gobierno a reconsiderar los umbrales y a simplificar los requisitos administrativos para que la protección ambiental sea compatible con la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
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