El sector del regadío de la Comunitat Valenciana se ve obligado a contratar potencias eléctricas elevadas durante todo el año, incluidos los meses en que las bombas permanecen paradas, porque no existe en la práctica un sistema que permita ajustar la potencia a la temporada. Así lo revela una encuesta de La Unió Llauradora i Ramadera realizada entre 54 comunidades de regantes y grandes explotaciones agrarias, que concluye que la brecha entre lo que contempla la normativa y lo que ofrecen las comercializadoras es, a día de hoy, total.
El Real Decreto 88/2026 reconoce formalmente la posibilidad de contratar dos tramos de potencia en función de la época del año, una medida pensada para adaptar el suministro a la estacionalidad del riego. Sin embargo, el 100% de los participantes en el estudio coincide en que no existe un sistema claro, accesible y permanente que lo haga posible. Solo el 33% afirma disponer de algún mecanismo para variar la potencia contratada, y en la mayoría de los casos se trata de soluciones puntuales, no estandarizadas o de difícil aplicación. El 67% restante no tiene acceso a ninguna modalidad de este tipo.
Las dificultades a la hora de intentar acceder a esta opción son reveladoras. Una parte significativa de los encuestados que lo intentaron no recibió respuesta alguna de su comercializadora; otros obtuvieron contestaciones ambiguas o propuestas que no responden a un sistema regulado y generalizable. En total, el 50% de los participantes afirma que no se le ofreció ninguna solución. La organización apunta que esta situación no es una anomalía puntual, sino el reflejo de que la norma no se ha traducido en un producto real de mercado. El resultado es una gestión energética poco eficiente e incertidumbre creciente para unas explotaciones que no pueden planificar su consumo con garantías.
Costes innecesarios y contratos incomprensibles
El efecto económico es directo: pagar por una potencia que no se consume. El sistema tarifario actual penaliza a los regantes en los meses de mayor demanda y les obliga a mantener contratada una potencia elevada en los periodos de inactividad, lo que genera sobrecostes que se trasladan al coste de producción. A ello se suma la complejidad creciente de los contratos eléctricos, que en muchos casos obliga a recurrir a asesoramiento externo para interpretarlos, y la dificultad de planificar en un contexto de incertidumbre climática que hace cada vez más irregular el calendario de riego.
La Unió sostiene que no es suficiente con que la normativa reconozca esta posibilidad si las comercializadoras la aplican de forma dispar o directamente no la ofrecen. La organización reclama una tarifa eléctrica específica para el regadío que permita ajustar la potencia a la demanda real en cada periodo del año. Los resultados de la encuesta, elaborada en el marco del proyecto ParticipAGRO con el respaldo de la Generalitat Valenciana, serán trasladados tanto a las administraciones públicas como a las compañías eléctricas.
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