Se conocen estos días las resoluciones de solicitudes a las ayudas para retirada y sustitución de cubiertas con amianto de la convocatoria 2026, y según ASAJA, al menos dos de cada tres solicitudes quedarán rechazadas por falta de presupuesto. La situación afecta a agricultores y ganaderos que utilizaron uralita —material común en explotaciones hasta que se prohibió por riesgos sanitarios— y necesitan adaptarse a la normativa vigente.
Un problema recurrente en cinco convocatorias
ASAJA critica que este no es un problema puntual, sino recurrente desde que se inició esta línea de ayudas, que acumula ya cinco convocatorias. En todas ha habido insuficiencia presupuestaria y problemas de planificación. La convocatoria 2026, al igual que la de 2025, cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros, cantidad que permite atender aproximadamente 160 solicitudes.
El plazo de presentación para la última convocatoria terminó el 13 de febrero. La normativa permite optar a la ayuda aunque la inversión haya sido realizada previamente, admitiendo sustituciones de cubierta realizadas desde el 19 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, aquellas solicitudes rechazadas por insuficiencia presupuestaria quedarán sin ayuda y sin posibilidad de acceder en futuras convocatorias, puesto que no pueden repetir la solicitud.
Riesgo de incumplimiento normativo antes de 2028
ASAJA advierte que, a este ritmo de financiación, difícilmente podrá cumplirse la normativa europea que obliga a que el amianto sea eliminado de los centros de trabajo antes del año 2028. La organización señala que hace unos meses la Consejería de Industria, Comercio y Empleo anunciaba que estaba elaborando un censo de instalaciones que contienen amianto, con el fin de apoyar a municipios de menos de 5.000 habitantes y priorizar según el grado de peligrosidad.
ASAJA considera que sería importante aportar transparencia sobre este asunto, conocer los plazos de intervención previstos y ajustar así el esfuerzo de agricultores y ganaderos con el apoyo real de las administraciones. La organización denuncia que, en la práctica, los productores están cumplimentando solicitudes y asumiendo toda la inversión en la mayoría de los casos, sin claridad sobre los criterios de exclusión.
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