La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está tramitando el paso a Dominio Público Hidráulico (DPH) de más de 300 hectáreas de parcelas agrarias devastadas por la DANA del 29 de octubre de 2024, sin ofrecer compensación alguna a los propietarios. La organización acusa al ministerio de ejecutar la medida «de tapadillo», mediante una revisión normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin comunicación previa al sector agrario.

Negociaciones interrumpidas y procedimiento opaco
Después de más de un año de reuniones entre AVA-ASAJA, el Comisionado para la reconstrucción por la DANA y el Miteco, en las cuales el Gobierno prometió verbalmente estudiar una compensación justa, la medida no se ha cumplido. La organización se enteró por casualidad, mediante una llamada del delegado de Sot de Chera y una consulta posterior a la Confederación Hidrográfica del Júcar, de que el Miteco está tramitando la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).
La consulta pública se inició el 26 de enero en el BOE y vence el próximo lunes, 28 de abril. Si no se presentan alegaciones en ese plazo, la delimitación del DPH adquirirá presunción de veracidad. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, expresó su rechazo a la actuación: «Consideramos que la manera de actuar del Gobierno, y en concreto del Miteco, es torticera y miserable. Mientras llevamos muchos meses dialogando e intentando consensuar una solución justa para los agricultores y ganaderos, nos enteramos por casualidad de que el Gobierno ha escondido bajo la capa de una consulta pública esta usurpación de terrenos particulares. No parece la política que cabría esperar de un Estado de Derecho. Nos sentimos traicionados; la confianza que habíamos puesto en las conversaciones se ha visto rota».
Aguado criticó además la falta de transparencia previa y señaló que «el Miteco no estuvo antes de la riada para hacer las infraestructuras hidráulicas y la gestión que hubieran minimizado los daños, ni está ahora para compensarles por la tierra que les arrebata».
Propuesta alternativa y disparidad ministerial
AVA-ASAJA propuso a la Administración que, en lugar de destinar fondos públicos a restaurar estas parcelas, aprobara una línea de indemnizaciones en su paso al DPH. La organización argumentaba que de ese modo la Administración ahorraría dinero, los cauces verían ampliada su anchura y los propietarios recibirían compensación suficiente para reactivar otra explotación en área no inundable.
A raíz de la Orden APA/383/2025, el Ministerio de Agricultura estableció una compensación de 11.800 euros por hectárea por pérdida de renta derivada de daños en infraestructuras. Sin embargo, el Miteco no ha atendido la demanda de compensación por pérdida de terrenos privados que pasarían a integrarse en el DPH. Esta brecha revela una disparidad importante entre dos ministerios del mismo Gobierno en su respuesta a los damnificados. Aguado subrayó la contradicción: «No entendemos que dos ministerios del mismo Gobierno sean tan diferentes a la hora de atender a los damnificados. Mientras el Ministerio de Agricultura ha echado una mano, el Miteco tira por el suelo todo el esfuerzo».
Técnicos y abogados de AVA-ASAJA impartieron una charla informativa en Sot de Chera explicando las cuestiones legales derivadas del procedimiento. La organización ha enviado cartas a la ministra del Miteco, Sara Aagesen; al ministro de Agricultura, Luis Planas; la Comisionada del Gobierno para la recuperación por la DANA, Zulima Pérez; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Asimismo, ha solicitado colaboración al President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; al conseller de Medio Ambiente y Recuperación, Vicente Martínez; y al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente. AVA-ASAJA no descarta acudir a los tribunales para conseguir una compensación que considera justa y legítima.





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