El sector agrario lleva tres años perdiendo empresas a un ritmo que contrasta con la evolución del conjunto de la economía española, según un análisis de datos oficiales sobre el tejido empresarial realizado por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
Una brecha que se amplía
Los datos del Gobierno sobre empresas en funcionamiento y empleo entre 2022 y 2025, examinados por la organización agraria, muestran que el número de empresas del sector pasó de una media de 275.582 a 264.264, una caída del 4%. El empleo generado por estas empresas creció apenas un 0,4%, hasta situarse en una media de 726.884 trabajadores en 2025. En el conjunto de la economía, el contraste es marcado: las empresas aumentaron un 1,2% y el empleo, un 10,7%.
El golpe más severo lo han sufrido los autónomos sin asalariados, que acumulan prácticamente la totalidad de las bajas: 10.389 empresas menos en tres años. Este segmento representa el 66% del tejido empresarial agrario, aunque solo un cuarto del empleo del sector. Si se suman las microempresas de hasta nueve trabajadores, ambas categorías aglutinan el 97% de las empresas y el 56% del trabajo generado.
Sin precios, sin relevo
Unión de Uniones atribuye este declive a la combinación de varios factores: el encarecimiento de los insumos, episodios catastróficos durante el período analizado, una cadena alimentaria que no garantiza precios suficientes para cubrir los costes de las explotaciones y una presión regulatoria creciente. La organización reconoce también el peso de una población agraria envejecida, pero advierte de que el problema de fondo es la ausencia de perspectivas que justifiquen la incorporación de jóvenes al sector.
La pérdida de 11.000 empresas tiene, según la organización, consecuencias que van más allá del propio sector: en los pequeños municipios, la actividad agrícola y ganadera sostiene también industria y servicios vinculados, de modo que su declive debilita la fijación de población y la vertebración del territorio rural.
Para revertir la tendencia, Unión de Uniones reclama una reforma de la regulación de la cadena alimentaria que refuerce la capacidad negociadora de los productores, mayor protección en frontera para los modelos productivos europeos y una política agraria que ofrezca un marco normativo y financiero estable que permita la planificación estratégica del sector.
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