La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento sancionador contra España por no enviar dentro del plazo establecido el informe sexenal sobre el estado de conservación de diversas especies protegidas, entre ellas el lobo ibérico. Ante el bloqueo administrativo que impide la aprobación del documento, 14 gobiernos autonómicos han anunciado nuevas acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) por negarse a convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente necesaria para dar luz verde al expediente, según ha informado la Junta de Castilla y León, que es una de las CCAA que iniciará acciones judiciales.
El envío de esta evaluación a las instituciones comunitarias es una obligación derivada de la Directiva Hábitats de 1992, cuyo periodo de entrega expiró el 31 de julio de 2025. Según el reglamento interno de la Conferencia Sectorial, el Ministerio está obligado a convocarla si lo solicita al menos un tercio de las comunidades. Pese a las peticiones formales realizadas en julio del año pasado y reiteradas el pasado 5 de mayo, el encuentro sigue sin celebrarse, después de que el Gobierno central cancelara sin justificación una primera cita fijada para el 22 de julio de 2025.
Las comunidades autónomas denuncian que el Ministerio ha esgrimido diversos argumentos para justificar el retraso, como la posible influencia de los incendios de 2025 en un documento que solo evalúa el periodo 2019-2024, o la apertura de un trámite de información pública no contemplado en la normativa. Asimismo, rechazan la reciente afirmación gubernamental de que Bruselas exige un mínimo de 500 manadas de lobo para declarar un estado de conservación favorable —frente a las 333 actuales—, asegurando que la Comisión Europea nunca ha establecido oficialmente ese criterio.
Discrepancias técnicas y tensión institucional
El bloque autonómico considera inaceptable que el MITECO cuestione el rigor científico de los profesionales regionales encargados de recopilar los datos, especialmente cuando el censo nacional de la especie fue coordinado y asumido por los propios equipos técnicos del Ministerio.
Las regiones firmantes perciben una utilización ideológica y una enorme subjetividad en la reinterpretación de los criterios por parte de la Administración central. En este sentido, señalan que durante el sexenio 2007-2012 la evaluación del cánido resultó favorable pese a contar con un menor número de manadas y un área de distribución más reducida que en la actualidad.
El conflicto se mantiene estancado mientras la presión comunitaria aumenta. El pasado 9 de abril, la Comisión Europea confirmó oficialmente a la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria que las instituciones europeas continúan esperando la remisión del informe por parte del Reino de España.
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