La campaña de cereales de invierno de 2026 cerrará con una producción estimada de 15,1 millones de toneladas, frente a los 22 millones del año anterior, según las previsiones de ASAJA elaboradas a partir de los datos de sus organizaciones provinciales. La organización califica el resultado como medio-bajo y advierte de que refleja una campaña muy desigual por territorios, marcada por la sequía en el centro y norte peninsular y por las inundaciones de enero y febrero en el sur.
El diagnóstico de ASAJA va más allá del volumen de producción. El sector cerealista encadena cuatro campañas consecutivas con problemas de rentabilidad: los costes de producción siguen siendo elevados, los precios del grano no compensan el esfuerzo económico y la superficie sembrada continúa retrocediendo. En Castilla y León, principal región productora, el área cultivada ha pasado de 1.883.000 ha en 2025 a 1.650.000 ha en 2026, un descenso del 13% interanual y del 20% frente a la media histórica.
El calor y las borrascas, en extremos opuestos
Los datos regionales ilustran la disparidad de la campaña. Castilla y León, con una estimación de 4,7 millones de toneladas, acusa un descenso del 43,6% respecto a 2025 y del 35% frente a la media de los últimos cinco años. La sequía sostenida y el calor extremo de finales de mayo han sido los principales factores limitantes.
En Andalucía, segunda comunidad en volumen, la producción se sitúa en torno a 1,23 millones de toneladas, un 24% menos que el año anterior. Las borrascas atlánticas afectaron especialmente a Sevilla, Cádiz y Córdoba, donde miles de hectáreas de trigo, cebada y avena permanecieron anegadas durante semanas. El descenso es también acusado en Illes Balears, con 53.410 t (−61,3%), la Comunidad de Madrid, con 153.000 t (−49%), y La Rioja, con 170.000 t.
Módulo cero en el IRPF, la respuesta fiscal que reclama el sector
Ante este panorama, ASAJA reclama la aplicación de un módulo cero en el IRPF para el cereal como medida fiscal excepcional. La organización considera que no tiene sentido exigir al agricultor la misma carga tributaria en un ejercicio en el que la cosecha y los márgenes vuelven a quedar comprometidos por causas climáticas y estructurales. La petición se enmarca en una demanda más amplia de medidas que permitan mantener la capacidad productiva y garantizar la viabilidad de las explotaciones cerealistas.
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