La organización agraria Asaja Ciudad Real ha alertado de la crítica situación que atraviesa el sector productor de cebolla en la provincia, donde los precios en origen se sitúan actualmente entre los 9 y 10 céntimos por kilo, una cifra que no alcanza el umbral de rentabilidad estimado entre 15 y 18 céntimos.
A diferencia de la campaña anterior, marcada por las mermas y las plagas, el actual ejercicio presenta un buen volumen de cosecha que había animado las siembras. Sin embargo, la entidad advierte de que la falta de precio amenaza con convertirse en un problema grave para las variedades tempranas e híbridas, justo cuando faltan apenas dos semanas para que la recolección se generalice en el campo.
El colectivo atribuye esta saturación del mercado a la entrada de producto importado procedente de Perú, Argentina, México y, más recientemente, Senegal. Según su análisis, la convivencia en los lineales de la cebolla nacional con la foránea está bloqueando las salidas comerciales normales, dejando a la producción local sin un mercado interior estable ni tracción para la exportación.
El peso de la importación y las ventas a contrarreloj
La naturaleza altamente perecedera de este cultivo acorta los plazos de venta, limitando la capacidad de negociación del agricultor. En este contexto de vulnerabilidad, Asaja denuncia la proliferación de prácticas comerciales abusivas, señalando la existencia de contratos sin precio cerrado o con ofertas a la baja. Según la organización, se están planteando operaciones en torno a los 11 céntimos para partidas que se recolectarán dentro de dos meses, con el objetivo de dar salida a la producción temprana, lo que arrastra a la baja el conjunto de las tablillas.
Ante el riesgo de que la campaña se salde con pérdidas generalizadas, la asociación ha instado a las administraciones a reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Desde la entidad consideran indispensable garantizar que las operaciones cubran los gastos de producción para evitar la quiebra técnica de las explotaciones manchegas, exigiendo además una regulación efectiva frente a la entrada de mercancía de terceros países.
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