Tras el nombramiento del nuevo equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, las organizaciones agrarias ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado al consejero, Joaquín Antonio Pino, una línea extraordinaria de ayudas autonómicas para el sector cerealista, con una dotación al menos equivalente a la que el Gobierno central ha destinado a la comunidad.
Las tres organizaciones sostienen que la campaña 2025/2026 vuelve a situar a miles de explotaciones de la comunidad en una situación insostenible. Según su valoración, los precios que perciben los agricultores han caído hasta niveles que en muchos casos no cubren los costes de producción, a lo que se suma una cosecha con rendimientos irregulares que en algunas zonas se sitúan hasta un 50 % por debajo de lo esperado.
Castilla y León es la principal comunidad productora de cereales de España, con miles de explotaciones familiares que dependen de este cultivo como su principal fuente de ingresos. Las organizaciones agrarias señalan que, mientras las cotizaciones del cereal siguen a la baja, los costes de fertilizantes, carburantes, semillas, maquinaria, seguros y financiación se mantienen muy por encima de los niveles previos a la crisis, lo que continúa lastrando la rentabilidad del sector.
Las entidades han valorado la ampliación de las ayudas anunciada por el Ministerio de Agricultura, aprobada hace unos meses, pero consideran que el apoyo estatal resulta insuficiente para compensar las pérdidas que soporta el sector en la comunidad con mayor superficie cerealista del país.
Un cereal que no da tregua a la nueva Consejería
Las organizaciones plantean que el nuevo consejero tiene, desde el inicio de su mandato, la oportunidad de mostrar un compromiso firme con el sector, y consideran imprescindible que ese compromiso se traduzca en medidas económicas concretas que garanticen la viabilidad de las explotaciones.
Las tres entidades han advertido de que, si no hay una respuesta inmediata por parte de la Junta, mantendrán el calendario de movilizaciones ya previsto, ante lo que consideran un riesgo de abandono de explotaciones y pérdida de actividad económica en el medio rural de la comunidad.
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