LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha la creación de un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno que atravesará la Comunitat Valenciana, con el objetivo de defender expropiaciones transparentes, indemnizaciones dignas y la protección de las explotaciones agrarias implicadas.
El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros que afectará a un centenar de municipios de Castellón, Valencia y Alicante, con obras previstas entre 2028 y 2029. En buena parte del recorrido —desde la entrada por Cataluña hasta Montesa o Albaida, y desde Tibi-Xixona hasta Murcia— se reutilizará el conducto ya existente para el transporte de gas natural, por lo que no habrá expropiaciones. Será en el tramo entre Montesa-Albaida y Tibi-Xixona donde previsiblemente se concentren las principales actuaciones expropiatorias.
La organización agraria defiende que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser compatible con la protección del sector agrario y del territorio, y recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas.
Con este planteamiento, LA UNIÓ mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para reclamar indemnizaciones calculadas con criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de explotaciones y cultivos, la minimización de los perjuicios durante las obras —con garantías de acceso a las parcelas y mantenimiento de los riegos— y la correcta restauración de los terrenos una vez finalizados los trabajos, incluida la reposición de la tierra vegetal y la recuperación de la capacidad productiva.
«La modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano», sostiene la organización, que insiste en que cualquier infraestructura de interés general debe incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial para que los agricultores no asuman el coste de estas actuaciones.
LA UNIÓ subraya además que se trata de un proyecto estatal que atravesará un centenar de municipios con elevada dependencia agraria, por lo que reclama a las administraciones un procedimiento expropiatorio transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes.
La entidad hace un llamamiento a los propietarios de fincas afectadas para sumarse al colectivo, al que ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico, y se compromete a informar sobre la evolución del proyecto.
Municipios afectados
Castellón (23): Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d’en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d’Alcolea y Vila-real.
Valencia (54): Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarp, l’Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Moncada, Montesa, Montserrat, Museros, l’Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.
Alicante (23): Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi.
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