El Tribunal Supremo ha acordado el pasado 22 de julio no admitir la mayor parte del recurso de casación presentado por Agroseguro contra la sentencia que le obliga a indemnizar a más de 200 ganaderos extremeños por los daños de la sequía de 2019. La Unión Extremadura ha denunciado que la resolución retrasa aún más el cobro de unas indemnizaciones que, según la organización, deberían haberse abonado hace siete años.
Durante la campaña 2018-2019 se produjo una sequía severa en las parcelas de pastos para el ganado en Extremadura, especialmente acusada en la primavera de 2019. Según La Unión Extremadura, los datos que Agroseguro aportó sobre la sequía no se correspondían con la realidad del terreno: mientras los ganaderos tuvieron que suministrar piensos, paja y heno ante la falta de pastos, los mapas de la aseguradora mostraban las parcelas en verde o, como mucho, con episodios de sequía leve.
Tras la desestimación de los recursos presentados ante Agroseguro, la organización agraria reunió a un grupo de más de 200 afectados que decidió demandar a la entidad por entender que había manipulado los datos del índice de sequía.
El Juzgado de Trujillo dictó el 23 de junio de 2022 la sentencia 57/2022, que dio la razón a los ganaderos y condenó a Agroseguro a indemnizarles por los daños reclamados. La aseguradora recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Cáceres, que el 8 de octubre de 2024 emitió la sentencia 534/2024 ratificando la resolución de Trujillo y condenando de nuevo a la entidad.
Agroseguro volvió a recurrir, esta vez ante el Tribunal Supremo, mediante un recurso de casación. El alto tribunal ha acordado no admitir los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso —que incluían toda la carga probatoria del caso—, aunque sí ha admitido a trámite el primero, referido a la diferencia entre cláusulas delimitadoras y cláusulas limitativas.
Con los plazos habituales de resolución, La Unión Extremadura ha advertido de que la sentencia definitiva podría no conocerse hasta después de 2028, más de diez años después de que se produjeran los daños. La organización ha calificado de inadmisible que una empresa en régimen de monopolio pueda demorar más de una década el pago de unas indemnizaciones que deberían haberse abonado en julio de 2019, y ha afirmado tener constancia de ganaderos que las cobrarán, en el mejor de los casos, ya fallecidos. Según la entidad, la estrategia de Agroseguro consiste en dilatar al máximo los pagos para disuadir a los perjudicados de recurrir sus decisiones.
La Unión Extremadura ha anunciado que recurrirá el auto del Tribunal Supremo y denunciará la actuación de Agroseguro ante el Ministerio de Agricultura. La organización ha avanzado que, de no obtener respuesta, acudirá a las autoridades de Competencia de la Unión Europea.
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