El gasóleo agrario alcanzó un nuevo máximo del ciclo el 7 de septiembre, con un precio medio ponderado nacional de 1,405 €/l, según el último informe semanal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es un 45,6% más que el 23 de febrero, antes del conflicto en Oriente Medio, cuando el litro se situaba en 0,96 €. Ante esta escalada, COAG ha solicitado una reunión urgente al Ministerio para abordar la situación y aprobar medidas de respuesta inmediatas.

«El campo no puede afrontar el nuevo curso agrario con un combustible que se ha disparado un 45% y unas ayudas que no cubren ni la mitad del sobrecoste. El Gobierno tiene que actuar ya, antes de que el problema se convierta en una crisis de producción y de inflación alimentaria», reclama la organización agraria.
132 euros más por depósito
Llenar un depósito de tractor de 300 litros cuesta hoy 421,50 euros, frente a los 289,50 euros del 23 de febrero: 132 euros más, un 45,6% de incremento. Con la ayuda extraordinaria vigente, el sobrecoste neto que soporta el agricultor sigue siendo de 42,7 céntimos por litro, ya que el tope actual de 20 céntimos deja sin compensar 22,7 céntimos por litro, equivalentes a 68,10 euros por cada depósito.
La siembra de otoño, en riesgo
El encarecimiento llega justo cuando arranca la siembra de cereal de otoño, con los altos precios del combustible amenazando la rentabilidad de la preparación del terreno. Según los resultados provisionales de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) 2025, España cuenta con cerca de 4,93 M ha de cereales de grano en secano, sobre un total de 5,746 M ha de cereales.
«Estamos hablando de millones de hectáreas y de una campaña que empieza ahora. Si el agricultor no puede asumir el coste de sembrar, los tractores se quedarán en las naves y el impacto no se queda en el campo: afecta a la producción de cereal, a la alimentación animal y a toda la cadena agroalimentaria», ha advertido el secretario general de COAG, Andrés Góngora.
Una ayuda que no llega a cubrir la mitad del sobrecoste
Desde el 1 de julio, la ayuda extraordinaria aprobada por el Gobierno se calcula sobre el diferencial de precio, con un porcentaje de hasta el 70%, pero con un tope de 0,20 €/l que, al precio actual, impide que cubra el diferencial real.
La rebaja fiscal del gasóleo B tampoco supone el ahorro de 7,6 céntimos por litro que sugiere la reducción del tipo del Impuesto sobre Hidrocarburos: la devolución prevista en el artículo 52 ter ha quedado en cero euros para el gasóleo comprado en agosto y septiembre, con lo que la carga fiscal neta pasa de 3,300 a 2,100 céntimos por litro y el ahorro efectivo se reduce a 1,2 céntimos. A ello se suma la recuperación del IVA general del 21% desde el 1 de julio, que supone 12,8 céntimos por litro más que si se aplicara el tipo reducido del 10%.
Las ayudas caducan el 30 de septiembre
Las medidas de apoyo vigentes vencen el 30 de septiembre y, por el momento, no existe una norma de prórroga publicada. Si no se adoptan nuevas medidas, desde el 1 de octubre el desembolso en el surtidor aumentará 9,2 céntimos por litro y dejará de devengarse la ayuda.
«No podemos permitir que las ayudas desaparezcan justo cuando más se necesitan: en plena vendimia, y en las puertas de dos grandes campañas como la recolección de aceituna y siembra de cereal. El Gobierno debe prorrogar las medidas antes de que termine el mes», subraya Góngora.
COAG reclama la prórroga inmediata de la ayuda al gasóleo agrario y de la fiscalidad mínima al 10% al menos hasta el 31 de diciembre de 2026; la elevación o eliminación del tope de 0,20 €/l para que el 70% previsto en la norma se aplique sobre el diferencial real; la aplicación de la ayuda en el momento del suministro, mediante censo y tarjeta de gasóleo profesional agrario con abono mensual automático, en lugar de la devolución posterior; y la publicación por la CNMC del informe de márgenes brutos de distribución, con desagregación provincial, en ejercicio de las facultades reforzadas por el RDL 18/2026.
«Los agricultores y ganaderos no pueden seguir financiando una crisis energética que no han provocado. El Gobierno debe garantizar que los agricultores puedan sembrar, producir y mantener la actividad. La reunión con el Ministerio es urgente y no admite más demoras», concluye la organización.









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