La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha publicado el estudio actualizado de costes de producción de la uva en la Denominación de Origen Ribera del Duero. ASAJA Burgos valora positivamente el documento, que a su juicio refuerza la defensa de los viticultores frente a posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Para la organización, disponer de una referencia objetiva de costes es una herramienta fundamental para que los viticultores defiendan sus derechos y para que la Administración pueda hacer cumplir la ley, sobre todo ante contratos que sitúen el precio de la uva por debajo de esos costes. Valora especialmente el anuncio del consejero de Agricultura de que la Administración analizará de oficio los contratos de compraventa de uva a la vista de los costes publicados.
¿Qué hacer ante un contrato por debajo de costes?
ASAJA Burgos ha trasladado un mensaje a los viticultores de Ribera del Duero: si una bodega les presenta un contrato con un precio inferior a los costes de producción publicados por la Junta, deben ponerlo en conocimiento de la Administración autonómica.
La organización anima a los productores a utilizar las herramientas que ofrece la Ley de la Cadena Alimentaria y a no asumir como inevitable la presión de las bodegas, y se ofrece a analizar los contratos y a orientar sobre las actuaciones que correspondan en cada caso. Advierte además de que el estudio solo alcanzará toda su utilidad si los viticultores se atreven a usarlo y los posibles incumplimientos llegan a la Administración.
Tasas del Consejo Regulador en el punto de mira
ASAJA Burgos trasladará al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero una propuesta para que la uva contratada por debajo de los costes de producción quede exenta de las tasas del Consejo, o para que se establezca un mecanismo equivalente de compensación para el viticultor. Defiende que, cuando un productor pueda acreditar esa circunstancia, no pague las tasas correspondientes a esa producción.
La organización sostiene que el exceso de oferta y la presión sobre los precios no pueden desvincularse de las decisiones adoptadas en los últimos años por el propio Consejo Regulador, dirigido por ASEBOR, ni de una mala planificación que, a su juicio, no ha sabido adecuar la capacidad productiva a las posibilidades reales del mercado. En ese contexto, considera que el viticultor no puede soportar en exclusiva las consecuencias del desequilibrio entre producción y mercado y, además, asumir las tasas derivadas del amparo de la Denominación de Origen.
ASAJA Burgos entiende que la exención sería un gesto concreto de apoyo al productor en un momento especialmente complicado y una forma de que el Consejo Regulador asuma parte de su responsabilidad. «El viticultor no puede ser el único que pague las consecuencias de una planificación que ha generado una producción superior a la capacidad que actualmente tiene el mercado», concluye la organización.
Deja un comentario