La Comisión Europea ha decidido llevar a once Estados miembro ante el tribunal de Justicia de Luxemburgo por no haber traspuesto a la legislación nacional la normativa comunitaria sobre la diseminación voluntaria de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en el medioambiente. Los países en cuestión son Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Grecia, España, Austria y Finlandia.

El plazo para la transposición de la directiva finalizó el pasado 17 de octubre de 2002, momento en el cual, la Comisión remitió a los países infractores un primer aviso. En marzo de 2003, se remitió un segundo aviso.

En el caso concreto de España, la respuesta dada ha sido notificar una primera legislación. Sin embargo, ésta tiene que ser suplementada con un Real Decreto, el cual todavía no ha sido adoptado.  

La nueva directiva comunitaria (Directiva 2001/18/EC) introduce, en particular, los siguientes aspectos:

– Principios para el informe de riesgos medioambientales.
– Control obligatorio, post-comercialización, incluyendo control de posibles efectos a largo plazo en el medioambiente.
– Información obligatoria al público.
– Asegurar el etiquetado y trazabilidad en todas las fases de la comercialización.
– Limitar las autorizaciones iniciales de OMG a un máximo de 10 años.
– Obligatoriedad de consultar al Comité Científico.
– Obligatoriedad de consultar al Parlamento Europeo en las decisiones relativas a las autorizaciones de diseminar los OMG al medioambiente.
– Posibilidad del Consejo de Ministros para adoptar o rechazar una propuesta de la Comisión para la autorización de un OMG, por mayoría cualificada.