Castilla y León comenzará a ver las consecuencias de no ser ya región de Objetivo 1 con el reparto de fondos para el “Plan Estratégico de Desarrollo Rural 2007-2013”, que actualmente se discute con las organizaciones agrarias y comunidades autónomas. En el documento presentado por el MAPA se da prioridad financiera a las regiones de “convergencia” (Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia). Paradójicamente, en la mayoría de estas regiones llamadas de convergencia hay un desarrollo agroganadero superior al de Castilla y León, teniendo más peso la agricultura y ganadería más intensivas y que generan más valor añadido, y contando con más alternativas a los cultivos extensivos tradicionales.
En el documento de trabajo del Ministerio de Agricultura no se aprecian propuestas novedosas en lo que son las principales líneas de ayuda: modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes al sector y transformación y comercialización de productos agrícolas. Tampoco en la política hidráulica se aprecia nada nuevo como no sea que prácticamente se descarta la creación de nuevos regadíos, destinándose pues la totalidad de los fondos que llegan por esta capítulo, a la modernización de regadíos ya existentes. De esta forma, nuestra región, a pesar de tener abundante agua, nunca alcanzará un grado de desarrollo agrícola que sí tienen otras con porcentajes más altos de superficie agraria útil en regadío.
Una de las novedades más destacadas es el apoyo a la producción de biocarburantes. Esto no pasa de ser una declaración de intenciones, ya que el documento de trabajo no especifica el dinero que se piensa destinar a este fin, ni en qué van a consistir las líneas de apoyo. En todo caso, y siendo importantes todo tipo de apoyos, la apuesta por los biocarburantes requiere de otras actuaciones políticas más valientes que están tardando en llegar.
Es voluntad del ministerio de Agricultura implantar el llamado “Contrato Territorial de Explotación”. Se trata de un compromiso plurianual que adquiere el agricultor, y a través del mismo se percibirán las ayudas agroambientales, las que puedan venir vinculadas a la Red Natura, las ayudas a zonas de montaña y desfavorecidas, y las ayudas vinculadas al bienestar animal. Este sistema por ser novedoso requerirá de normativa específica que pudiera retrasar la puesta en marcha de las medidas, perdiendo los afectados una o dos anualidades.
ASAJA lamenta que tenga que ser el propio sector el que aporte por la vía de la modulación de las ayudas la parte de fondos para el desarrollo rural que no van a llegar para este nuevo periodo por el recorte que ha producido Bruselas y por dejar de ser región Objetivo 1. Y sería todavía más grave que este dinero que se ha detraído a los profesionales del campo, -el 3% de todas las ayudas la campaña pasada, el 4% la próxima y el 5% las siguientes-, se destine a fines que poco o nada tienen que ver con el sector agropecuario, como son gran parte de las líneas de actuación de los Leader y Proder, o los programas forestales.
Por último, ASAJA exige tanto al MAPA como a la Junta que se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones agrarias en el diseño y desarrollo de este nuevo programa, y se las considere como una parte activa de los mismos, sin cuyo compromiso y trabajo el éxito sería sin duda menor.
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