ASAJA solicitará que se amplíe por un año el plazo de regularización de explotaciones ganaderas ubicadas en cascos urbanos a que obliga la Ley 5/2005 de Establecimiento de Régimen Excepcional y Transitorio para explotaciones ganaderas de Castilla y León.

El plazo que recoge esta Ley para remitir solicitudes finaliza en mayo de 2007, y debido al gran número de explotaciones afectadas en la región, la escasa colaboración de muchas entidades locales y a que la información ha llegado tarde a los ganaderos, ASAJA considera imposible que la Administración pueda resolver todas las solicitudes presentadas hasta ahora –de entre las que ha dado de paso un número mínimo- y las que se presenten hasta esa fecha. Se basa para ello en los centenares de expedientes de todo tipo que se acumulan en las comisiones de Prevención Ambiental de cada una de las nueve provincias.

La organización considera que este es el momento óptimo para la modificación de esa Ley, puesto que sería posible incluirla en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que se publicará a finales de este año.

Por otro lado, ASAJA continúa esperando respuesta a su petición de ampliar también un año más el plazo para renovar la autorización de transporte de animales e inscribirse en el Registro General de Transportistas y Medios de Transporte de Ganado , que finaliza el 5 de enero de 2007, proceso que exige pasar por un curso de formación en materia de bienestar animal en el que es imposible dar cabida a todos los solicitantes antes de esa fecha.

Por último, la Opa solicitará al director general la supresión de las tasas que se están cobrando con el nuevo sistema de Guías para transporte de ganado, que supone un agravio comparativo con los ganaderos de otras comunidades autónomas en las que no se cobran.

Con el sistema anterior, todos los ganaderos que acreditaban que sus explotaciones estaban controladas por alguien que certificaba que los animales estaban en condiciones de ser transportados, estaban exentos de estas tasas, que no sólo suponen un desembolso económico sino que además obligan a un trámite administrativo innecesario que conlleva más burocracia y pérdida de tiempo.