COAG Almería informa de que a partir de mayo será obligatorio llevar un registro detallado de las aplicaciones de plaguicidas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy entre sus páginas la Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de productos fitosanitarios. La Orden del Ministerio de Agricultura, que entrará en vigor a partir del próximo mes de mayo, especifica que todos los agricultores que produzcan vegetales destinados a ser consumidos como alimentos o piensos deberán llevar, de forma actualizada, un registro de datos de la explotación agrícola y/o forestal, en soporte papel o soporte informático, en el que se apuntará en la fecha correspondiente la información relativa a las siguientes operaciones:

A) PARA CADA TRATAMIENTO PLAGUICIDA REALIZADO:
1. Cultivo, cosecha, local o medio de transporte tratado.
2. Plaga, incluidas las malas hierbas, motivo del tratamiento.
3. Producto utilizado, nombre comercial y número de registro.

B) PARA CADA ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS REALIZADO:
1. Cultivo o cosecha muestreados.
2. Sustancias activas detectadas.
3. Número del boletín de análisis y laboratorio que lo realiza.

C) PARA CADA COSECHA O CADA PARTIDA DE COSECHA COMERCIALIZADA:
1. Producto vegetal.
2. Cantidad del mismo expedida.
3. Nombre y dirección del cliente o receptor.

El registro se mantendrá a disposición de la autoridad competente durante un periodo mínimo de 2 años, contados a partir de la finalización de cada campaña agrícola, junto con documentos tales como facturas de adquisición de productos fitosanitarios, contratos con las empresas de tratamientos, boletines de análisis, albaranes o facturas de venta y, en caso de no disponer del número de registro de la explotación, el documento del número de identificación fiscal del titular de la explotación.

COAG Almería ha demandado, en este sentido, que el futuro Servicio de Asesoramiento a Explotación –que será prestado por organizaciones agrarias y cooperativas vía fondos europeos– se extienda al resto de sectores agrícolas, no sólo a los beneficiarios del pago único como está estipulado hasta ahora. El objetivo es que los productores de frutas y hortalizas y de cítricos también puedan recibir orientación en materia legislativa.