Aunque parece que la tularemia interesadamente ha dejado de ser un tema que preocupe a la opinión pública, el número de casos declarados en la Comunidad Autónoma ha seguido incrementándose cada semana, y ya suman 362 los oficialmente admitidos por la Junta de Castilla y León. Precisamente estos días se conocen un informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León que, a pesar de no decir nada nuevo, tiene interés porque oficialmente se reconoce que las denuncias que ASAJA hizo en su momento –y que la Junta no quiso admitir– eran ciertas.
La primera, la dimensión del problema, que queda suficientemente probada con el número de casos por ahora acumulados. También queda clara la vinculación con la plaga del topillo, puesto que donde más densa ha sido es donde se acumulan los casos de tularemia: Palencia (219 casos), Zamora (57), Valladolid (39), León (29), Burgos (14), Salamanca (3) y Ávila (1),
El informe valora tanto el perfil de los afectados como su edad, lo que permite probar estadísticamente la relación entre tularemia y agricultura. El 33 por ciento eran agricultores, y en un 23 por ciento de los casos (que posiblemente también pertenecieran al sector agrícola) se atribuye el contagio a estar en contacto con roedores. La mayoría son varones (81,22 por ciento), en edad de trabajo (35 a 65 años, especialmente del tramo de 50-55 años), lo que de nuevo refuerza la idea de que se trata de profesionales del campo que estaban desarrollando labores agrícolas o ganaderas. Respecto a las vías de contagio, tal como en su día advirtió ASAJA, una de las principales es la inhalatoria, lo que hizo a la organización agraria alertar sobre el potencial riesgo que se ha vivido y todavía se vive en el medio rural.
Todos estos datos confirman las teorías que hace ya muchos meses expuso ASAJA, y que en su momento “responsables” de la Junta se permitieron desdeñar sin más explicaciones. “Ya no puede recuperarse ese tiempo perdido, pero sí tomar en adelante las medidas oportunas para controlar una plaga que, recordemos, NO HA REMITIDO, como están comprobando los agricultores que estas semanas hacen la sementera”, afirma ASAJA.
Por último, la OPA recuerda que, a pesar de que la Administración General del Estado ha dado la razón a ASAJA respecto a que la tularemia es una enfermedad profesional, “la Administración autonómica sigue obcecada en privar a los afectados de las ventajas económicas que se derivan al tramitar sus bajas como tal, ya que el Sacyl no ha dado instrucciones a sus médicos para que lo hagan”. Es lamentable que, a la dolencia en sí, los afectados tengan que sumar perder una serie de ventajas económicas que les en justicia les corresponden al tratarse de una enfermedad oficialmente reconocida como profesional.
León a 25 de Octubre de 2007
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