La Comisión Europea ha decidido llevar a Grecia ante el Tribunal de Justicia porque ha implementado unas normas nacionales sobre controles de seguridad alimentaria que son incompatibles, en su opinión, con la legislación comunitaria vigente. Dichas normas se refieren a los controles de cereales importados de terceros países de Bulgaria y Rumania.
La Comisión considera que las normas griegas no están justificadas por una preocupación genuina por la seguridad alimentaria y que tampoco hay justificación hacia la discriminación hacia Bulgaria y Rumania.
El Tribunal de Justicia puede encontrar que Grecia no ha cumplido con la normativa comunitaria, en tal caso, si persiste el incumplimiento puede poner sanciones económicas.
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