Dinamarca ha empezado a aplicar este mes el “impuesto a la grasa”, que grava mantequillas y aceites con 2,5 € por kilo de grasa saturada presente en un alimento. La justificación del impuesto es desincentivar el consumo de grasas saturadas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer y en consecuencia, alargar la esperanza de vida de la población danesa.
Hungría, desde septiembre, ha incrementado los impuestos a ciertos alimentos, considerados menos saludables, como los refrescos, aperitivos salados o alimentos sazonados.
Francia e Irlanda están barajando la introducción de un “impuesto al azúcar” para gravar los refrescos. Esta propuesta está justificada por la administración como una medida de luchar contra la obesidad, especialmente en niños y adolescentes.
En el sector agrario y agroalimentario de estos países hay una fuerte oposición a este tipo de medidas por considerar que no tienen base científica ni médica y que solo consiguen perjudicar a la cadena productiva de alimentos. Un estudio del Instituto francés de Investigación Agraria (INRA) en 2010 indicaba que estas medidas fiscales no tienen efecto en el comportamiento alimentario del consumidor y recordaba que en EEUU se habían llevado a cabo políticas fiscales semejantes con las bebidas azucaradas, sin conseguir una reducción significativa en el peso de los adolescentes.
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