La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha realizado un estudio de seis productos hortofrutícolas emblemáticos (tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena y naranja dulce) en un período de algo más de tres meses (de septiembre a mitad de diciembre), obteniendo como resultado unas pérdidas de más de 133 millones de euros (ver tabla anexa).
Según ha explicado en rueda de prensa el secretario general, Miguel López, esta situación es insostenible y aboca al sector a una fractura irreversible si no se toman medidas. “El sector de las frutas y hortalizas mueve 5.300 millones, de los cuales 2.700 corresponden a exportaciones, y genera más de 350.000 empleos. Es la mayor fábrica de Andalucía y no podemos permitir que esta producción se venda sin precio debido a las prácticas especulativas de las grandes cadenas. Por ese camino vamos al desmantelamiento del sistema productivo y a la pérdida de empleo. Y no lo vamos a permitir”. Por eso, ha anunciado que a partir del próximo mes de enero esta organización va a poner en marcha una campaña reivindicativa, de protesta hacia los abusos que cometen sobre todo las grandes cadenas alemanas (LIDL y ALDI) y también de concienciación hacia la ciudadanía.
Entre esas prácticas abusivas destaca el contrato de abastecimiento, según ha explicado Andrés Góngora, miembro de la Ejecutiva de COAG Andalucía y responsable regional y nacional de Frutas y Hortalizas: “Se trata de un documento que se firma por un periodo de ocho o nueve meses, y por el que el productor asume la obligación de abastecer de determinado producto pero sin establecer a qué precio. Así no se puede trabajar”.
El secretario general ha recordado que “no queremos ser mano de obra barata exenta de derechos sociales. Nosotros somos muy competitivos, pero no pueden pedirnos productos con calidad y seguridad europeas, producidos en condiciones europeas, pagando impuestos y costes europeos a cambio de precios que no lo son. Por eso, la preferencia comunitaria es un derecho que debe sernos reconocido”.
Miguel López ha denunciado asimismo que desde Bruselas hay grupos de presión que marcan una estrategia para desordenar el mercado, con pactos para mantener precios en origen bajos, destrozando los esfuerzos que hacen los productores para concentrar la oferta. En ese sentido, también ha criticado las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, un organismo que depende del Ministerio de Economía y que está echando por tierra cualquier intento de diálogo. A este respecto, Andrés Góngora ha añadido: “Si en una situación como la actual una organización agraria no puede hablar de la crisis de precios, ¿a qué nos vamos a dedicar? Y si la CNC con sus sanciones pretende ponernos una mordaza, no lo van a conseguir”.
Por todo ello, López ha explicado que el sector agrario debe ser una cuestión de estado, y así debe asumirlo el próximo gobierno (“es positivo recuperar un ministerio propio, pero eso no resuelve los problemas: hay que tener en cuenta la importancia estratégica de la agricultura y la ganadería y defenderla ante las políticas que quieren desmantelarlas”). Para ello, es fundamental cambiar las normas de competencia y promover la negociación colectiva entre los distintos agentes de la cadena agroalimentaria: “Queremos transparencia y diálogo. Unas interprofesionales en las que se pueda hablar de precios en relación a los costes de producción, garantizando así una remuneración digna para los agricultores y ganaderos y que los consumidores dispongan de los productos básicos a precio asequible. Ahí nos jugamos el futuro de la agricultura europea”.
* El acuerdo UE-Marruecos
En relación a la ratificación del Acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos, ambos dirigentes han recordado que este país incumple sistemáticamente los contingentes, los calendarios y los precios de entrada (algo reconocido por la propia administración andaluza), por lo que cualquier acuerdo que se firme debe ir acompañado de controles rigurosos que garanticen su cumplimiento.
Además, en este caso, Marruecos trata de dar carta de naturaleza a la situación de ocupación de los territorios del Sáhara, algo que para esta organización agraria es inaceptable. En todo caso, tanto Miguel López como Andrés Góngora han dejado muy claro que los acuerdos de asociación no suponen ninguna ventaja para los productores agrarios marroquíes ni saharahuis, sino que benefician a grandes grupos españoles y, sobre todo, franceses, que consiguen productos muy competitivos gracias a las bajas exigencias en materia sociolaboral, como ocurre con el plan Marruecos verde, que cuenta con el visto bueno de Bruselas.
Por todo ello, COAG ha pedido a los parlamentarios españoles de la Comisión de Comercio Internacional que apoyen el informe Bové, que ayer se presentó en la Eurocámara, en el cual este diputado propone el rechazo a la ratificación del acuerdo UE- Marruecos.
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