La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera que en la campaña que mañana comienza será difícil cubrir la cuota de remolacha, que asciende a 565.000 toneladas. Este año, la superficie sembrada se ha reducido en un 25%, al pasar de las casi 10.200 hectáreas de la campaña pasada a las 7.600 de la actual. Por eso, incluso en las mejores circunstancias, será difícil alcanzar la cuota establecida. El último aforo de la industria preveía 510.000 toneladas, frente a las entregas del año pasado, que fueron de casi 567.000 t, con 16,93 grados y un descuento del 10,35%.
COAG Andalucía considera que los incentivos que ofrecía la industria no han sido suficientes, de ahí el marcado descenso en la superficie. Por eso, esta organización agraria espera que Azucarera tome nota y rectifique para el año próximo, con objeto de recuperar parte de la superficie perdida en la presente campaña.
Por lo que respecta a los precios, rondarán los 42,65 €/t para un rendimiento medio en regadío similar al de campañas anteriores. No obstante, las campañas se ‘cierran’ hasta con tres años de retraso, por lo que el agricultor se ve obligado a afrontar elevados costes de producción sin saber cuándo cobrará. Sólo en agroambientales, quedan pendientes de cobro 48 expedientes de 2009, 325 de 2010 y 1.220 de 2011. Todo ello supone casi 5 millones de euros pendientes de cobro.
La reducción de superficie tiene una indudable repercusión en el empleo generado, que este año se reduce a unos 152.000 jornales: el año pasado fueron 184.000 y la media de las campañas 2002-2006, antes de la reforma, era de casi 595.000. La reforma tuvo igualmente efectos devastadores en el número de explotaciones, que se redujo en un 50%, hasta situarse en las 1.200 que quedan actualmente. Se cerraron cuatro fábricas y se perdió el 80% de la cuota y de la superficie.
En palabras de José Antonio García, miembro de la Ejecutiva de COAG Andalucía, “la reforma se ha utilizado para desmantelar con dinero público un sector estratégico, que produce un alimentos de primera necesidad como es el azúcar, en el que además éramos y somos deficitarios. ¿Con qué objeto? Muy sencillo. Para que las empresas alemanas y francesas se queden con el mercado de consumo español. Por eso, se hacen normativas que dejan al agricultor trabajando por debajo de costes de producción, invitándole a que abandone, y perdemos nuestra soberanía alimentaria”.
Se pone de relieve una vez más que no se cumple el objetivo de la OCM de asegurar la competitividad del sector. Se trataba de reestructurar para dejar sólo la remolacha más productiva y competitiva, recurriendo al mercado en casos de necesidad. Pero ya se ha demostrado que no es como se esperaba: en las dos últimas campañas, ha habido problemas de abastecimiento por la escasez de producto en los mercados. La liberalización del mercado tampoco ha traído consigo la estabilidad de precios para el consumidor, ya que se han alcanzado máximos históricos (frente a los 404 €/t que se fijan en Europa para el azúcar, el precio internacional se sitúa en más de 650 dólares/t (524 €/t), aunque se han alcanzado máximos de hasta 800 dólares/t, equivalentes a 640 €/t).
Por todo ello, es fundamental, según García, “que haya un frente común entre la administración, la industria, los consumidores y los productores, para garantizar la actividad y el abastecimiento mediante un precio estable tanto al remolachero como al ciudadano. Si no es así, éste será el principio del fin. Ahora, de la remolacha, y después de los demás sectores productivos”.
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