Tras conocer los informes de conclusiones presentados ayer por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) exige a la UE que retire la autorización de comercialización de los plaguicidas sistémicos, los llamados neonicotinoides y fenilpirazoles (clotianidina, tiametoxam, imidacloprid y fipronil), comercializados en Europea por las multinacionales Bayer y Syngenta.
En dichos informes, la Comisión Europea reconoce su “inquietud” por los riesgos para la salud de las abejas melíferas y otros polinizadores que plantean determinados plaguicidas sistémicos, que dejan residuos tóxicos en el néctar y en el polen de las flores de las semillas tratadas, afectando al sistema nervioso de las abejas, causándoles parálisis y hasta la muerte, perdiendo el sentido de la orientación y provocando que no puedan regresar a las colmenas.
COAG considera que la Comisión Europea está en el camino correcto para determinar las causas de la mortalidad de las abejas melíferas y otros polinizadores en la UE. En este sentido, reclama que se hagan los esfuerzos necesarios para que la EFSA complete los estudios científicos de estas moléculas, una vez que existen ya suficientes pruebas de la alta toxicidad de estos plaguicidas sistémicos, denunciados en los últimos diez años por los apicultores europeos ante las instituciones comunitarias y los Estados Miembros.
COAG ha exigido de forma reiterada al Ministerio de Agricultura, (que todavía no ha tomado decisión alguna en este importante asunto para las abejas melíferas y los polinizadores), la urgente aplicación de la Directiva 2010/UE, de 12 de marzo de 2010, que modifica el anexo I de la Directiva 91/414/CEE sobre disposiciones específicas relativas a la clotianidina, el tiametoxam, el fipronil y el imidacloprid, que obliga a los Estados miembros a “poner en marcha programas específicos de control para comprobar la exposición real de las abejas productoras de miel a estas sustancias activas en zonas comúnmente utilizadas por las abejas para libar o por apicultores”. Su aplicación es fundamental en nuestro país al ser de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas que tienen competencias en esta materia.
Pese a que en los últimos tres años la Defensoría del Pueblo ha alertado al Congreso de los Diputados en su Informe Anual sobre los problemas causados a la apicultura por los plaguicidas sistémicos “El Gobierno se desentiende en un asunto vital para una efectiva protección y conservación de los espacios naturales. La polinización que garantizan las abejas melíferas supera los 3.000 millones de euros anuales en España, además de realizar un servicio medioambiental y un bien público estratégico para la sociedad en su conjunto que no se puede poner en peligro por intereses privados o por los intereses de las empresas multinacionales como Syngenta y Bayer”, ha apuntado José Luís González, responsable del sector apícola de COAG.
Deja un comentario