Representantes vitivinícolas de ASAJA COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España y de la asociación de destiladores ADEVIN han solicitado por carta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, una reunión para analizar en profundidad los movimientos comunitarios del lobby de bebidas espirituosas para modificar el reglamento comunitario regulador de estas bebidas, concretamente en lo que atañe a la elaboración de brandy y analizar las previsibles repercusiones negativas para el sector vitivinícola español.
Productores, cooperativas y destiladores ha tenido conocimiento de los movimientos existentes a nivel europeo, pero principalmente en España, para cambiar la actual definición del producto brandy (o weinbrand) que, según el Reglamento (CE) 110/2008, es “la bebida espirituosa obtenida de aguardientes de vino, destilados a menos de 94,8% vol., siempre que dicho destilado no exceda el 50% en grado alcohólico del producto final”.
ASAJA COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y ADEVIN consideran totalmente inaceptable permitir en la elaboración de brandy el uso de hasta un 50% de alcohol procedente de la destilación de subproductos, cuyos únicos destinos reglamentarios actuales son los usos industriales y carburantes. Hay que recordar que Francia habilitó años atrás un mecanismo fraudulento para permitir el uso de estos alcoholes industriales en la fabricación de bebidas alcohólicas, y que el sector vitivinícola español y la propia Administración española han logrado con gran esfuerzo que la Comisión Europea desautorice dicha práctica por ir contra la vigente reglamentación comunitaria y por suponer una ventaja competitiva sustentada por una práctica desleal con el resto del sector vitivinícola comunitario.
Según la información recabada se pretende ir más allá, permitiendo crear una nueva categoría de producto brandy (el blend brandy) para cuya fabricación se propone permitir el uso, hasta un 49%, de otros alcoholes agrícolas de procedencia distinta de la uva, como las melazas u otras materias primas de contenido sacárico, lo cual es absolutamente intolerable para el sector vitivinícola español. Conviene recordar las múltiples batallas libradas históricamente por el sector vitivinícola español y de todo el sur europeo y las respectivas Administraciones Públicas afectadas, en contra de la chaptalización, para tener que aceptar ahora el uso de alcoholes de otras procedencias en la fabricación de falsos brandies.
De modificarse el reglamento en los términos consignados, nuestro sector vitivinícola saldría gravísimamente perjudicado, al ser el mayor proveedor de materia prima para la obtención de alcohol de uso de boca, cuyo principal destino es la elaboración de brandy, una bebida que quedaría totalmente desvirtuada respecto a su trayectoria y prestigio tradicionales. Además, dejaría de utilizarse un gran volumen anual de vino, con el elevado riesgo de generar varios millones de hectólitros de excedentes en el sector, con los consiguientes desequilibrios en el mercado e importantes repercusiones negativas para los productores españoles, beneficiando además en exclusiva a los países que ya se benefician de la práctica de la chaptalización.
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