En la Conferencia sectorial que ayer se celebró en Madrid con las CCAA, el Ministerio de Agricultura presentó su modelo de regionalización del Régimen de Pago Básico (RPB), el cual estaría basado en los importes de ayuda recibidos en cada comarca agraria y, dentro de cada comarca, en cada tipo de superficie: cultivos de secano, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos.
Según su propuesta, el Ministerio dividiría el importe del pago básico a nivel nacional entre las 316 comarcas agrarias (la comarca sería el ámbito geográfico elegido en la propuesta). Los importes se distribuirían entre las comarcas agrarias en proporción a los pagos directos recibidos por las mismas en 2011.
El pago verde o “greening” se podría calcular como un porcentaje del RPB, de manera que cada comarca agraria recibiría un importe de pago básico + pago verde que sería proporcional a los pagos que ha venido recibiendo.
De acuerdo con el modelo propuesto en función de la comarca agraria y del tipo de superficie, podrían existir del orden de 1.200 importes unitarios distintos. El Ministerio propone reducirlos, asignando un mismo importe a los tipos de superficie que tengan importes unitarios similares, hasta dejar unas 30 o 40 categorías. Los importes unitarios finalmente establecidos, serían los importes correspondientes a 2019, hacia los que deberían converger los importes unitarios individuales que se asignen a los agricultores en 2015.
El Ministerio propone que siguiendo su modelo, en 2015 se realizara una primera asignación de derechos de pago básico, en la que el número de derechos que recibiría cada beneficiario sería igual al número de hectáreas admisibles declaradas con el límite de la superficie declarada en 2011 ó en 2013, según el año que finalmente se estableciera.
Cada beneficiario tendría hasta 4 tipos de derecho por comarca agraria (según tipo de superficie), con importes unitarios por hectárea diferentes. El primer año, se calcularía el importe unitario inicial por tipo de superficie en función del modelo planteado teniendo en cuenta los importes cobrados en el año 2014 y las superficies solicitadas en el año 2015. La convergencia se produciría en el período hasta 2019, de modo que los que tengan ahora importes superiores no perdieran más del 30%, y los que tengan importes inferiores suban como mínimo hasta el 60% del importe medio unitario de su región ( si están por debajo de este umbral), o un tercio de la diferencia hasta el 90% del importe medio unitario si están entre el 60% y el 90%.
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