En su visita de anteayer a Valladolid, el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se despachó a gusto y sin dar opción a réplica contra los que defienden que las ayudas de la PAC se destinen a los agricultores activos que coticen a la seguridad social agraria; es decir, en contra de lo que opinan la Junta de Castilla y León y la totalidad del sector, legítimamente representado por las organizaciones profesionales agrarias.
En este sentido, al dar por zanjado el debate sobre esta cuestión, las palabras del ministro suponen una falta de respeto y una desautorización del trabajo que deben realizar los Grupos de Alto Nivel constituidos sobre la aplicación de la nueva PAC, y muy particularmente hacia el que versará sobre la definición de “agricultor activo”.
Para Arias Cañete es lo mismo, a efectos de ser beneficiario de las ayudas de la política agraria, un agricultor profesional que única o principalmente vive de su actividad en la explotación agraria y que en razón de ello paga las cotizaciones sociales correspondientes, que cualquier otro productor, aunque no trabaje en la explotación y tenga su renta asegurada con otra actividad. Con esta postura, el ministro demuestra que le importan más los resultados macroeconómicos que el empleo y la realidad social de la agricultura en nuestro país, algo totalmente inaceptable para la Alianza UPA-COAG.
La competencia desleal para los agricultores profesionales que supone la puesta en el mercado de las producciones de los que no cotizan no parece importar al ministro del ramo, como tampoco los efectos derivados de esta situación, tales como la inmovilidad del mercado de la tierra y la dificultad para el relevo generacional, el freno a la modernización de las estructuras, y un largo etcétera de problemas arrastrados por el sector agrario como consecuencia de que la mayor parte de la superficie no está en manos de los profesionales, sino de propietarios absentistas.
Tampoco son aceptables algunos de los argumentos con los que calificó de “inmenso error” la propuesta unánime del sector agrario regional:
– Arias Cañete dice que esa propuesta dejaría fuera a las explotaciones bajo fórmulas asociativas (personas jurídicas), cuando en toda la normativa agraria aplicable hay numerosísimos precedentes ampliamente conocidos y aceptados para contemplar tales situaciones.
– Dice el ministro que exigir la cotización a la seguridad social agraria dejaría fuera del sistema a 600.000 perceptores y al 88 % de la superficie agraria útil. A este respecto, dos matizaciones fundamentales: nada impide que todos o buena parte de esos 600.000 perceptores pasen a cotizar a la seguridad social agraria, con lo que de paso contribuirían a sanear la maltrecha situación económica del sistema; por otra parte, aquellos a los que no les interesara cotizar, se plantearían liberar las superficies para que otros profesionales las trabajasen, favoreciendo, entre otros aspectos estructurales, la incorporación de jóvenes.
En definitiva, a Arias Cañete le sobró anteayer soberbia al exhibir sus planteamientos como los únicos posibles y realistas, y negando la posibilidad de debatir abiertamente sobre la conveniencia y la oportunidad de utilizar la nueva PAC para priorizar un modelo de agricultura más social, acorde a lo que la inmensa mayoría de la sociedad reclama y apoya.
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