El secretario general de Medio Rural y Montes, Tomás Fernández-Couto, informó de que la Consellería de Medio Rural y del Mar lleva meses trabajando intensamente en colaboración con el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) para la aprobación de una línea de financiación que incentive a las bodegas a apoyar la homologación de contratos en el sector vitivinícola. Esto permitirá a las bodegas acceder a créditos para financiar operaciones de compra de uva que se realicen en el marco de estos contratos.
Fernández-Couto también informó de que en la Denominación de Origen Rías Baixas –después de muchas reuniones y de la preparación de esta línea de financiación– se consiguió el pasado 28 de agosto un acuerdo entre las partes y está en trámite a formalización de los contratos homologados para un período de tres años. En el caso del Ribeiro hubo también un importante número de encuentros, pero no fue posible hasta lo de ahora llegar a un acuerdo entre las partes.
Contratos
El secretario general informó también en el Parlamento sobre lo dispuesto por la Ley de Montes en relación con los nuevos contratos de gestión pública forestal. En este sentido, resaltó que la ley establece distintas situaciones intermedias para pasar de los antiguos a los nuevos contratos. Se abren, además, las posibilidades productivas que amparan estos contratos, más allá de los aprovechamientos madereros, a todo tipo de aprovechamientos forestales.
Los nuevos contratos de gestión –que son voluntarios– establecen que los montes tienen que estar ordenados y con certificación de gestión forestal sostenible. Se establecen, al tiempo, líneas para que fluya la información entre la Administración y las comunidades de montes al contado común en el relativo a los datos sobre la situación financiera del contrato de gestión.
Reforma de la PAC
La directora general de Producción Agropecuaria y directora del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga), Patricia Ulloa, valoró como muy positivos los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la definición de los criterios a seguir en la aplicación de la nueva Política Agrícola Común.
El pasado mes de junio se alcanzó a nivel de la Unión Europea el acuerdo sobre la reforma de la PAC para el período 2014-2020, y posteriormente en la conferencia sectorial se consensuó, entre todas las Comunidades Autónomas, el modelo de aplicación en España. Patricia Ulloa apreció el acuerdo que tenía en cuenta a pluralidad de regiones y realidades productivas en el estado.
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