La sectorial vitivinícola de la Unión de uniones reunida en Madrid y tras estudiar las posibilidades que maneja el llamado comité de expertos sobre la reforma fiscal, así como la posibilidad de poner un impuesto al vino ha manifestado su más rotundo oposición a esa posibilidad. “el vino forma parte de la pirámide de la dieta mediterránea y debe ser protegido no atacado” ha dicho Joan Santó responsable del sector del vino de la organización.
No tendría ninguna lógica que los mismos dirigentes que en el pasado se opusieron a la posibilidad de instaurar un impuesto sobre el vino con el anterior gobierno, como es el caso del actual Presidente del Gobierno y la Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de Castilla-La Mancha, de la región con mas viñedo y producción de vino del estado español; aceptaran ahora la puesta en marcha de un impuesto que si era malo antes, seria ahora incluso más negativo, como consecuencia de la actual crisis económica y de las dificultades adicionales que muchas familias tienen para acceder a una cesta de la compra, que permita tomar vino de forma saludable, cuyos beneficiosos efectos para la salud, tomado con responsabilidad, están sobradamente acreditados por estudios médicos.
El comité de expertos de la reforma fiscal considera la posibilidad de establecer un impuesto a tipo reducido sobre el vino, según su informe remitido al Gobierno y que ha sido hecho público en fechas recientes.
Por otro lado, recientemente desde el titular del Ministerio de Agricultura, Arias Cañete se ha puesto el acento en el valor estratégico de este sector y en el hecho de que este producto se haya convertido en uno de los capítulos más importantes del comercio exterior agroalimentario. Desde este punto de vista, gravar el vino con un impuesto sería un mal negocio para el Estado, porque ninguna recaudación compensaría el efecto negativo la competitividad de nuestros vinos en el mercado exterior.
Además, no tiene justificación penalizar el vino con nuevos impuestos en base a un incentivar menores consumos, primero porque el informe de los expertos no contempla que sea un impuesto finalista destinado financiar medidas para alcanzar ese objetivo y, segundo, porque España es uno de los países en los que el consumo de vino alcanza ya niveles muy bajos (en el entorno de 20 litros por persona y año) y con una clara tendencia decreciente desde hace tiempo.
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