Cuando la Comisión Europea publicó su propuesta para la nueva PAC a partir de 2020, insistió en que los objetivos medioambientales y climáticos tendrían una alta prioridad. Los auditores reconocen que la reforma propuesta contiene instrumentos para responder a estos objetivos, pero estos no están definidos claramente ni se plasman en unos valores cuantificados, por lo que persiste la imprecisión en cuanto a la manera de evaluar o medir el grado de ecologización de la PAC.
Por otra parte, los auditores consideran que la estimación efectuada por la Comisión de la contribución de la PAC a los objetivos de la UE sobre el cambio climático resulta poco realista. Señalan que muchas de las opciones propuestas para esta política son muy similares a las de la actual PAC. En particular, la mayor parte del presupuesto continuaría financiando pagos directos a los agricultores sobre la base de un número determinado de hectáreas de tierra poseída o cultivada. No obstante, este instrumento no es apropiado para responder a numerosas preocupaciones de carácter medioambiental, ni resulta el modo más eficiente de apoyar unos ingresos viables, indican los auditores.
La propuesta introduce cambios fundamentales en la aplicación práctica de la política. Se observa que la orientación a la conformidad se desplaza a una mayor orientación al rendimiento, lo cual celebran los auditores. No obstante, consideran que la propuesta no contiene los elementos necesarios de un sistema de rendimiento eficaz. La nueva PAC necesitaría más incentivos para el rendimiento y objetivos claramente vinculados a las realizaciones, los resultados y el impacto.
Otro cambio clave es la redefinición de las normas de la UE sobre la subvencionabilidad de los pagos de la PAC pero, dadas las limitaciones del modelo propuesto, es posible que ello dé lugar a un debilitamiento del marco de garantía. Los auditores señalan que los controles y las auditorías serán menos numerosos y menos eficaces.
Los auditores subrayan asimismo la ausencia de un sistema de control externo sólido. Con arreglo a la propuesta, la Comisión no recibiría estadísticas de control de los organismos pagadores, ni garantías de los organismos de certificación sobre los pagos efectuados a los distintos agricultores, lo que afectaría negativamente a la obligación de rendir cuentas por parte de la Comisión, advierten los auditores. Esta situación también dificultaría la aplicación de un enfoque de auditoría único, en particular debido al papel reducido de los organismos de certificación.
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