Los consejeros de las cuatro comunidades autónomas con mayor presencia lobera de España (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) se reunieron ayer en Santander con el fin de coordinar las acciones con el fin de suspender la orden ministerial que incluye el lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) y que fue aprobada recientemente por la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Tienen previsto el inicio del proceso de recurso judicial ante la Audiencia Nacional, a cuya instancia también solicitan medidas cautelares para que dicha orden deje de estar en vigor.

Asimismo, las cuatro CCAA pedirán una reunión con el comisario europeo para el Medio Ambiente, ya que consideran que esta orden ministerial va más allá de la Directiva Europea Hábitats, que confiere a los territorios del norte del Duero la capacidad de gestionar la especie, que el Gobierno de España les hurta, y que, en el marco del consenso, ha permitido que España tenga una de las mayores poblaciones de lobo de Europa.

Los consejeros señalan que esta Orden Ministerial ataca directamente, no sólo a la pervivencia de nuestros pueblos y el medio rural, sino a la propia pervivencia del lobo ya que una conservación estricta, por sí sola, no garantiza la conservación de la especie, sino al contrario, como se ha comprobado con la reciente desaparición de las poblaciones de lobo en territorios donde ya regía esta protección estricta por decisión europea, como son los territorios de Sierra Morena o el vecino Portugal, con poblaciones peores que las de sus vecinos que son Galicia y Castilla y León.

Las 4 CCAA loberas también piden explicaciones para que el Gobierno aclare cómo es que la ministra Ribera publicita que existen 20 millones de euros para la ejecución de esta Orden Ministerial, sin que se aclare de dónde salen presupuestariamente y a qué finalidades van y quien los va a gestionar, cuando en la memoria económica obligatoria que acompaña la orden aparecen sólo 25.000 € al año de gasto económico  para su ejecución.

Los ganaderos también recurrirán

En la reunión de ayer también participaron las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, que también han anunciado un recurso judicial contra dicha Orden Ministerial, movilizaciones en la calle y acciones para explicar a los ciudadanos del medio urbano y rural el perjuicio que esta decisión del Gobierno traerá para el sector agropecuario y para el medio rural.

ASAJA señala “nos estamos jugando la continuidad de la ganadería extensiva en muchas zonas de España, no solo en las Comunidades Autónomas donde hasta ahora el lobo convivía con la ganadería, sino en otras que a partir de ahora también se implantará». Considera que no se trata solo de anunciar más indemnizaciones, como hace la ministra, sino de lograr que el ganado pueda permanecer donde siempre ha estado, “y lo que está claro es que, si el lobo entra sin freno, la ganadería será la expulsada”.

Desde UPA se confiesan “indignados y engañados” con el Ministerio para la Transición Ecológica, que se comprometió a negociar con los ganaderos y a aprobar una Estrategia de gestión de forma previa a la inclusión del lobo en el LESPRE. “Algo que no ha ocurrido, ahondando un enfrentamiento entre medio rural y medio urbano, entre ganaderos y partidarios de la sobreprotección del lobo”. Lo que, en su opinión, “no beneficiará a la especie ni desde luego a la ganadería”.