La vendimia este año ha venido lastrada por la situación meteorológica de sequía y altas temperaturas así como los altos costes de producción. Se espera una disminución media del 11%, reducciones aún mayores en Castilla La Mancha (-16%), Cataluña (-20%) y Valencia (-15%), de acuerdo con las estimaciones de Unión de Uniones.
Castilla y León, por su parte, estima una reducción del 10% de la cosecha que variará dependiendo de la climatología del mes de septiembre, clave para la vendimia, cifras similares a las previstas en La Rioja y País Vasco.
Navarra Galicia confían en tener una cosecha en la línea a la de los últimos cinco años, debido a una climatología más benévola que en el resto de los territorios, así como Extremadura, que ve cómo se incrementa en un 15%.
Donde hay una práctica unanimidad es en la buena calidad de la uva de esta campaña, así como en un adelanto notorio en todos los territorios por las altas temperaturas que puede oscilar entre diez y quince días, siguiendo la tónica de los años anteriores.
El precio sigue sin cubrir costes o no deja apenas margen
En cuanto a precios se refiere, hay una unanimidad en los territorios. Los precios a los que las grandes corporaciones quieren pagar la uva, en muchos casos, no llegan a cubrir los costes de producción, que se han visto incrementados, de media, un 30% sobre todo en cuanto al coste del gasóleo por la maquinaria agrícola (superior al 70%) y los fertilizantes (del 50%) y de los productos fitosanitarios.
Si bien los precios suben un poco respecto a la pasada campaña, no lo hacen en la misma medida que los costes, por lo que los viticultores se encuentran en una situación difícil. Es el caso, por ejemplo, de la a DO Valdepeñas que Félix Solís situaría en 0,37 €/kg, con una del 2% con respecto a la pasada campaña, pero que, ni mucho menos, ayuda a cubrir los costes.
Lo mismo sucedería en todas los territorios consultados, destacando especialmente el caso de Extremadura, donde los costes de producción rondan los 0,40 €/kg y se pretende pagar a 0,14€/kg.
Unión de Uniones recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria está para cumplirse y la AICA y el Ministerio deberían controlar que así fuera. La organización hace un llamamiento a los viticultores a formalizar contratos por escrito de compra-venta de uva con el establecimiento de calidades, precios y condiciones concretas, e informa de la obligación de las bodegas de pagar las uvas a los viticultores a 30 días según la actual ley de morosidad, independientemente de la fecha de calificación del vino por una Denominación de Origen.
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