Han pasado más de seis meses desde que en junio de 2024 finalizó el plazo para presentar alegaciones a las modificaciones propuestas por el Ministerio de Agricultura al Real Decreto 1051/2022, que establece normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios. Sin embargo, sigue sin haber avances en la adaptación de la normativa a la realidad de las explotaciones ganaderas gallegas, denuncian desde la organización agraria gallega Sindicato Labrego Galego (SLG).
El Ministerio había instado a la Xunta de Galicia a solicitar el reconocimiento de técnicas alternativas que, con aval técnico, demostraran una eficacia similar en la reducción de emisiones de amoníaco. Entre ellas, el uso del plato invertido en la aplicación de purines. Pese a ello, la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia no ha informado de ningún avance en esta gestión.
En junio de 2024, desde el SLG se urgió a la Consellería a aclarar si había tramitado la solicitud ante el Ministerio o si la situación seguía sin cambios. No hubo respuesta. Ahora, en enero de 2025, con una nueva modificación del Real Decreto sobre la mesa, la cuestión del plato invertido continúa sin resolverse.
Las modificaciones actuales del artículo 10 del Real Decreto son mínimos. Siguen prohibiendo la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico y cañón, salvo:
a) En recintos con pendientes medias superiores al 10% o de superficie inferior a una hectárea cuando no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación.
b) En toda la explotación cuando el resto de los recintos (descontando los incluidos en la excepción anterior y los pastos comunales) representen una superficie inferior al 50% de la superficie total neta de la granja, o su conjunto no supere las 2 hectáreas.
Desde 2018, se han solicitado ajustes a esta normativa para adecuarla a la realidad de las explotaciones gallegas, donde predominan pequeñas y medianas ganaderías con un sistema de fertilización orgánica distinto al del resto del Estado, donde se emplean mayoritariamente fertilizantes químicos. Además, el Real Decreto establece exigencias de maquinaria, planes de abonado y asesoramiento técnico que suponen un aumento de costos y burocracia para los ganaderos.
Otro punto crítico es el anexo VIII, que regula el uso de lodos y residuos como fertilizantes. A pesar de las preocupaciones del sector, no se han realizado avances en su regulación.
El sector agrario gallego continúa reclamando una respuesta de la CMR sobre las gestiones realizadas para adaptar el Real Decreto 1051/2022 a las necesidades de las explotaciones ganaderas de la comunidad.
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