La modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sin acuerdo previo con las comunidades autónomas ha llevado a la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía a solicitar una reunión urgente con el Gobierno central. Las tres autonomías reclaman transparencia total y denuncian la falta de consenso en una cuestión clave para la sostenibilidad del sureste peninsular.
Las comunidades afectadas critican que esta revisión se haya hecho de forma unilateral y sin facilitar los informes técnicos que la justifican. Han solicitado acceder al informe completo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), así como al resto de documentación empleada en la revisión de la regla de explotación.
Según han expuesto, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha adoptado sin contar con las comunidades autónomas implicadas ni con los usuarios del recurso. La modificación genera incertidumbre entre agricultores, regantes, empresas y familias que dependen del agua transferida, al no ir acompañada de medidas compensatorias ni de alternativas claras.
Desde las tres comunidades autónomas se advierte que este tipo de decisiones suponen una ruptura del diálogo institucional y una vulneración del principio de transparencia, lo que agrava un problema estructural como es la gestión del agua en el sureste.
La cuenca del Segura, altamente dependiente del trasvase, requiere estabilidad y planificación, no incertidumbre ni decisiones que, a juicio de las comunidades, carecen de justificación técnica. Las administraciones autonómicas implicadas insisten en que el modelo actual del Tajo-Segura ha sido clave para el desarrollo económico y social de la zona, y que cualquier revisión debe realizarse con rigor técnico, consenso y responsabilidad.
El encuentro solicitado incluiría también a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a los responsables del CEDEX, con el fin de revisar toda la documentación utilizada en la toma de decisiones.
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